Cuando un gobierno ataca a Amnistía Internacional, es prácticamente seguro que no ha hecho bien las cosas.
Es probable que las autoridades hayan cometido graves abusos contra los derechos humanos. Amnistía ha estado informando fielmente sobre tales abusos. Ahora, el gobierno intenta matar al mensajero. Es tanto una confesión de culpabilidad como un gran elogio del trabajo de la organización.
Ayer vimos un ejemplo de esto, cuando el gobierno ruso declaró a Amnistía Internacional "organización indeseable".
La designación de "indeseable", derivada de una draconiana ley de 2015, y tiene múltiples repercusiones. No sólo criminaliza las actividades de la organización y le prohíbe trabajar abiertamente en territorio ruso. En esencia, ese ha sido el caso de todos los grupos de derechos humanos durante años.
La cuestión más importante es que establece multas y penas de prisión para ciudadanos y grupos rusos por "participación" en las actividades de organizaciones "indeseables". Por supuesto, la ley no especifica exactamente qué significa "participación". Las autoridades pueden adaptarla a los fines que deseen.
Así pues, la declaración de ayer no afectará en absoluto al trabajo de Amnistía Internacional. De hecho, en su reacción al anuncio de Rusia, el grupo se comprometió con razón a "redoblar [sus] esfuerzos para denunciar las atroces violaciones de derechos humanos cometidas por Rusia tanto en su país como en el extranjero".
Pero podría afectar a la gente de Rusia.
Como declaró la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard: "Esta decisión forma parte del esfuerzo más amplio del gobierno ruso por silenciar la disidencia y aislar a la sociedad civil".
El anuncio da a las autoridades otra flecha legal más en la enorme aljaba que llevan cuando persiguen a críticos, periodistas, defensores de los derechos humanos y otras personas.
En virtud de la ley de 2015, han estado procesando a personas por tan solo reenviar enlaces a artículos relacionados con organizaciones "indeseables".
Unos 225 grupos ya han sido declarados "indeseables". En la práctica, las autoridades pueden tergiversarla para perseguir a muchos más.
La represión en Rusia ha ido en aumento durante años. Las críticas al gobierno -y a la atroz invasión rusa de Ucrania en particular- se castigan brutalmente.
Este es un sistema autoritario. No acepta la disidencia. No permite preguntas. Como dijo el año pasado Oleg Orlov, defensor ruso de los derechos humanos y co-ganador del Premio Nobel de la Paz: "El Estado se ha vuelto omnipresente".
Con o sin el anuncio de ayer, hace tiempo que está claro que, para las autoridades rusas, el propio concepto de derechos humanos se ha vuelto "indeseable".
