Resumen

¿Por qué nos han traído aquí? No hablo el idioma. No sé nada de este país. Y aquí estoy con dos niños. ¿Qué se supone que debo hacer? No puedo dormir por la noche. Me tiemblan las manos.

—Araz E., una mujer de 35 años de Armenia, entrevistada en Costa Rica el 30 de abril de 2025

A finales de febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos expulsó a Costa Rica en dos vuelos a 200 ciudadanos de terceros países, entre ellos 81 niños. Muchos de los expulsados habían pasado meses en México esperando una cita de asilo a través de una aplicación móvil del gobierno estadounidense, CBP One. Algunos estaban a solo unos días de sus citas programadas cuando el gobierno estadounidense canceló todas las citas y solicitudes pendientes el 20 de enero de 2025, el día en que el presidente Donald Trump asumió el cargo y emitió una proclamación que pretendía poner fin al acceso al asilo para los que cruzan la frontera de forma “ilegal”.

La legislación estadounidense garantiza a cualquier persona el derecho a solicitar asilo, independientemente de su forma de llegada. Aunque la proclamación del presidente Trump se refiere a la adopción de medidas contra quienes cruzan la frontera de forma “ilegal”, no era claro a quienes apuntaba la legislación. Algunos habían entrado a Estados Unidos de forma irregular, mientras que otros habían conducido o caminado hasta los puestos fronterizos para solicitar asilo. Una mujer y su hijo de un año habían entrado a Estados Unidos cinco días antes de la toma de posesión de Trump.

Las 200 personas fueron detenidas en condiciones inhumanas en celdas fronterizas en Estados Unidos, a menudo durante semanas y en algunos casos durante más de un mes. Estos centros de detención son notoriamente abusivos. A menudo están abarrotados, muy fríos e iluminados las 24 horas del día. A las personas solo se les permite ducharse una vez cada tres o cuatro días, si es que se les permite, y en algunos centros de detención solo pueden lavarse los dientes una vez a la semana. Incluso se les niega a las mujeres que están menstruando la posibilidad de lavarse cuando se cambian las toallas sanitarias.

Las familias son separadas de manera rutinaria mientras están detenidas. Los hombres y las mujeres son colocados en celdas de detención diferentes. Los adolescentes, e incluso niños más pequeños, también suelen ser detenidos por separado de los hombres y de las mujeres y niñas adultas. Una mujer nos contó que a su hijo de 12 años lo mantuvieron separado de ella y de su hijo menor durante 29 días.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense (US Border Patrol) insultaron con frecuencia a las personas, incluso maldiciéndolas, y a veces realizaron mezquinas demostraciones de poder.

Las autoridades estadounidenses llevaron a cabo las expulsiones a Costa Rica con un desprecio similar por la dignidad humana. “Me encadenaron con las muñecas esposadas a la cintura y me pusieron grilletes en las piernas. Fue muy angustiante para los niños ver a sus padres esposados”, dijo Baseem P., un hombre de 30 años de Afganistán.

Empezando a llorar, continuó: “Me sentí impotente. Me sentí terrible. Me sentí como un criminal”. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, con la cabeza entre las manos, y luego dijo:

Sentía que ya no tenía identidad, que estaba sin patria.

Siempre oí hablar muy bien de Estados Unidos. Pero no nos aceptaron. Fue muy duro que me trataran así y que mi mujer y mi hijo vieran que me trataban así.

No somos delincuentes. No cometimos ningún asesinato. No sabíamos por qué nos trataban así.[1]

Tanya P., una mujer de 33 años de Rusia, expresó las mismas preocupaciones: “Creo sinceramente que las autoridades [estadounidenses] nos trataron tan mal, nos detuvieron en esas condiciones horrendas y degradantes, para obligarnos a firmar esos papeles de deportación voluntaria lo más rápido posible y quizás también para contárselo a otros, para que la gente tuviera miedo de pedir asilo, de venir a Estados Unidos”.[2]

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) separaron a algunas familias durante estas expulsiones. En un caso, los agentes de la CBP enviaron a un hombre iraní a Costa Rica sin su esposa, quien permaneció detenida en un centro de migración estadounidense. En un segundo caso, la CBP expulsó a una niña iraní de 10 años y a su padre a Costa Rica, pero mantuvo a la madrastra de la niña detenida en Estados Unidos. Y en un tercer caso, la CBP separó a una familia extensa de Afganistán, enviando una mujer a Panamá, manteniendo a su marido y a su hermano de 19 años en Estados Unidos, y enviando a la hermana de la mujer, a su cuñado y a su sobrino de 14 meses a Costa Rica.

La legislación estadounidense prevé un procedimiento de deportación agilizado, conocido como “deportación acelerada” (expedited removal en inglés), que incluye algunas protecciones mínimas, aunque deficientes, para el derecho a solicitar asilo y el derecho a no ser devuelto a un lugar donde las personas corren el riesgo de sufrir daños. Al igual que en anteriores expulsiones a Panamá también documentadas por Human Rights Watch, las expulsiones a Costa Rica no siguieron ni siquiera estas protecciones mínimas, ni otorgaron a las personas otras protecciones de debido proceso establecidas en la legislación y reglamentación aplicables. Todas las personas entrevistadas por Human Rights Watch, excepto dos, afirmaron que no tuvieron ninguna oportunidad durante su estancia en Estados Unidos de explicar por qué temían regresar a sus países de origen. “No quisieron conocer nuestra historia. No nos concedieron una entrevista. Y no teníamos ni idea de que nos iban a enviar a Costa Rica hasta que nos obligaron a subir a ese avión la noche del 21 al 22 de febrero”, dijo Kamran I., un mandaeo converso de 37 años de Irán, que huyó con su familia debido a la persecución religiosa.[3]

A las únicas dos personas que entrevistamos que pudieron acceder a entrevistas de evaluación preliminar de asilo, o de “temor creíble” (credible fear interview en inglés), la CBP les comunicó inmediatamente después que iban a ser expulsados.

De hecho, en mayo, el presidente Trump puso en duda que el debido proceso—un requisito constitucional aplicable a todas las “personas” y una obligación internacional que Estados Unidos se ha comprometido a respetar—se aplique a las deportaciones.

Entre los expulsados a Costa Rica había dos mujeres embarazadas, varias personas mayores de 60 años y 81 niños de edades entre 1 y 17 años. Sus países de origen incluían Afganistán, Angola, Armenia, Azerbaiyán, China, la República Democrática del Congo, Georgia, India, Irán, Kazajstán, Nepal, la República del Congo (Congo-Brazzaville), Rusia, Turquía, Uzbekistán, Vietnam y Yemen. Entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2025, Human Rights Watch entrevistó a 36 personas expulsadas a Costa Rica, a muchos durante una visita de tres días a finales de abril al Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM), el centro de migrantes donde estaban alojados, y a otros por teléfono o mensaje de texto durante los dos meses anteriores.

Ni el gobierno estadounidense ni el gobierno costarricense han revelado los detalles del acuerdo de expulsión. Al anunciar la decisión de aceptar los vuelos, el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, declaró: “Estamos ayudándole al hermano económicamente poderoso del norte [Estados Unidos], a quien si nos pone un impuesto en zona franca nos friegan”.[4] Chaves y otros funcionarios costarricenses han afirmado que Estados Unidos está cubriendo los gastos de la estadía de los deportados en Costa Rica.

Las autoridades costarricenses han descrito el papel del país como un “puente” hacia los países de origen de las personas. Omer Badilla, viceministro de Gobernación y Policía y director general de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, declaró a los periodistas: “Según la información que nos brinda el gobierno de los Estados Unidos, la gran mayoría, casi todos, tienen un deseo de retornar a sus países de origen”.[5]

Pero las personas entrevistadas por Human Rights Watch contradijeron esta narrativa y expresaron su temor a enfrentarse a graves riesgos para sus vidas o su seguridad si eran enviados a sus países de origen. Hasta el 16 de mayo de 2025, más de dos meses después de su traslado a Costa Rica, un poco menos de la mitad de los 200 ciudadanos de terceros países expulsados de Estados Unidos habían aceptado regresar a sus países de origen, según informó la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica a Human Rights Watch. Aquellos que han aceptado regresar lo hicieron tras ser detenidos en Estados Unidos bajo condiciones abusivas, ser expulsados por la fuerza a un país en el que nunca habían tenido intención de estar, pasar dos meses detenidos en Costa Rica y recibir mensajes contradictorios de los funcionarios costarricenses sobre sus opciones, lo que plantea dudas sobre si sus decisiones fueron verdaderamente voluntarias.

Durante más de un mes, los funcionarios costarricenses informaron repetidamente a las personas que sus únicas opciones eran regresar a sus países de origen o viajar a otro país que les aceptara.

El 26 de marzo, los funcionarios costarricenses les presentaron por primera vez dos opciones adicionales: podían solicitar asilo en Costa Rica o podían recibir el estatus de “humanitario especial”. Los funcionarios no explicaron inicialmente en qué consistía la categoría humanitaria especial ni cuánto tiempo duraría.

Human Rights Watch tuvo noticias de personas que dijeron que los funcionarios costarricenses les habían pedido que hicieran una lista de países a los que querían trasladarse—y en algunos casos preguntaron específicamente: “¿Quién quiere ir a Canadá?”[6]—lo que generó expectativas de que serían trasladadas rápidamente al país de su elección. La Dirección General de Migración y Extranjería negó estas afirmaciones, describiéndolas como “completamente alejad[as] de la realidad, por cuanto han sido varias de las mismas personas migrantes que han manifestado querer irse a Canadá y no ha sido esta Dirección General la que haya dado la opción de ese país”.[7]

No estaba claro que Costa Rica pudiera hacer esos arreglos rápidamente, si es que realmente los podía hacer. “Estos países tienen procesos rigurosos para el reasentamiento. Estos procesos llevan muchos meses, sino años”, dijo un exfuncionario de migración costarricense a Human Rights Watch en abril.[8]

Las personas permanecieron detenidas hasta dos meses en el centro de migrantes, situado en la provincia de Puntarenas, cerca de la frontera con Panamá y a unos 300 kilómetros de San José. No hubo ninguna base jurídica aparente para su detención, ya que Costa Rica acordó permitirles la entrada, les proporcionó un estatus temporal en Costa Rica antes de su llegada, y nunca acusó a ninguno de ellos de un delito. (El gobierno costarricense niega que las personas trasladas de Estados Unidos fueran detenidas durante ese tiempo.)

La decisión del gobierno costarricense de aceptar los vuelos de expulsión estadounidenses fue controvertida. Los periodistas costarricenses siguieron de cerca las llegadas de los vuelos, intentaron y finalmente lograron visitar el centro de migrantes, e informaron regularmente sobre ello.

Para el 23 de abril, las noticias calificaban de fracaso el plan del gobierno de Chaves de devolver a todos los ciudadanos de terceros países a sus lugares de origen. Ochenta y cinco personas permanecían en el centro en esa fecha. Sus países de origen incluían Afganistán, Angola, Armenia, Azerbaiyán, China, la República Democrática del Congo, Georgia, India, Kazajstán, Nepal, Rusia, Turquía y Uzbekistán.

En un avance positivo ocurrido esa misma semana, el gobierno costarricense informó a todos los que permanecían en el centro de que podían entrar y salir libremente durante las horas diurnas. Los funcionarios de migración empezaron a devolver los pasaportes a las personas el 23 de abril y les informaron de que podían obtener un permiso humanitario especial que les daba 90 días para solicitar asilo en Costa Rica o abandonar el país.

El permiso cuesta US$55 por persona, con la posibilidad de exención de tasas, y es renovable una vez. No permite a las personas trabajar.

Las personas deportadas expresaron su frustración por los distintos mensajes que habían escuchado de las autoridades costarricenses. “El gobierno de Costa Rica hace promesas y luego las rompe”, dijo Timur M., un hombre de 37 años de Turquía.[9]

Al 28 de abril, el primero de los tres días de la visita de Human Rights Watch al centro, unos 50 ciudadanos de terceros países permanecían allí. Unos pocos estaban planeando solicitar asilo en Costa Rica. Algunos habían desistido y aceptado ser devueltos a sus países de origen a pesar de los riesgos que corrían allí. Otros simplemente habían decidido intentar viajar a otro lugar.

Al evaluar el trato que reciben los expulsados por el gobierno estadounidense y su estancia en Costa Rica, Daniil N. dijo: “Creo que la estrategia es doblegarnos para que nos rindamos”.[10]

* * *

Estados Unidos debe dejar de expulsar o trasladar a terceros países a las personas no ciudadanas. Debería permitir que las personas expulsadas injustamente regresen y soliciten asilo de conformidad con las obligaciones internacionales del país. Debería dejar de violar el principio de no devolución—es decir, no devolver a las personas a un país en el que es probable que sufran daños—tramitando las solicitudes de asilo en su frontera, en lugar de delegar esta responsabilidad en países con menos capacidad para evaluar las solicitudes o proporcionar protección y en los cuales las personas corren el riesgo de que a través de deportaciones posteriores terminen en países en los que estarían en riesgo.

Costa Rica debería declarar definitivamente que no aceptará más ciudadanos de terceros países procedentes de Estados Unidos.

El gobierno costarricense también debería—como remedio parcial por el daño que causó con dos meses de detención arbitraria y en reconocimiento de su responsabilidad por haber aceptado que se enviara a personas a Costa Rica contra su voluntad—proporcionar de inmediato autorización de trabajo, ayuda para la vivienda y, según sea necesario, formación laboral, clases de idioma y ayuda para encontrar trabajo a aquellos que deseen solicitar asilo en Costa Rica.

Ambos gobiernos deben colaborar de inmediato para identificar otras opciones que respeten los derechos humanos y que permitan resolver la situación de los ciudadanos de terceros países varados en Costa Rica, incluso permitiéndoles solicitar asilo en Estados Unidos u organizando su reasentamiento seguro y voluntario a otro país.

Recomendaciones

Al Gobierno de Estados Unidos

• Poner fin a la expulsión o el traslado involuntario de las personas no ciudadanas a terceros países con los que no tengan vínculos reales.
• Autorizar la entrada a Estados Unidos por razones humanitarias o de interés público (parole) a las 200 personas que fueron expulsadas injustamente a Costa Rica, con el fin de permitirles solicitar asilo en Estados Unidos.
• Respetar el derecho, establecido en la legislación estadounidense, de toda persona a solicitar asilo si se encuentra físicamente en Estados Unidos o llega a la frontera, independientemente de si lo hace por un cruce fronterizo oficial (port of entry), y de su estatus migratorio.
• Garantizar que las celdas de detención de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) se utilicen únicamente para periodos de reclusión muy breves, que no deberían exceder las 10 horas. La CBP solo debe detener a personas durante la noche en estas instalaciones cuando sea inevitable y en ningún caso debe retenerse niños durante la noche.
• Elaborar directrices escritas para la CBP que garanticen que los miembros de una misma familia que lleguen juntos estén amparados por la presunción de libertad y no sean separados de manera innecesaria o deliberada, y establecer un proceso para garantizar que la CBP aplique estas directrices.
• Abstenerse de utilizar mecanismos de sujeción física durante el transporte de personas no ciudadanas por motivos de control migratorio, salvo que exista una justificación razonable e individualizada para considerar que representan un peligro para sí mismas, la tripulación u otros pasajeros. La CBP debe garantizar que las personas no ciudadanas detenidas o transportadas reciban un trato humano y digno, lo que incluye proporcionarles alimentos y agua, mantener temperaturas adecuadas y asegurar una ventilación suficiente.
• Asegurar la devolución de pasaportes, así como otros documentos y pertenencias personales a todas las personas no ciudadanas que vayan a ser expulsados de Estados Unidos.

Al Gobierno de Costa Rica

• Poner fin de manera definitiva a la aceptación de ciudadanos de terceros países procedentes de Estados Unidos.
• Brindar a los ciudadanos de terceros países que soliciten asilo en Costa Rica asistencia en materia de vivienda, autorización de empleo y ayuda para encontrar trabajo, así como clases intensivas de español.
• Garantizar que los niños del Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM) tengan acceso inmediato a la educación preescolar, primaria y secundaria, servicios a los que todos los niños tienen derecho según la legislación costarricense.
• Ayudar a facilitar la reunificación familiar y/o la repatriación voluntaria con el consentimiento pleno e informado de quienes opten por regresar a sus países de origen.
• Garantizar que todas las personas expulsadas de Estados Unidos a Costa Rica, incluidos aquellos que no han decidido qué opción seguir, aquellos que deciden solicitar asilo o aquellos que solicitan permisos humanitarios, tengan acceso a clases intensivas gratuitas de español, servicios médicos, psicosociales y de salud mental gratuitos, de calidad y respetuosos de sus derechos, y programas de integración que les proporcionen una comprensión de la vida en Costa Rica, incluida información sobre la cultura, el sistema legal y las oportunidades de empleo.

Al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

• Establecer un mecanismo para supervisar los abusos de derechos humanos a los que se enfrentan las personas en tránsito a través de las fronteras internacionales, tal y como recomendaron la sociedad civil y el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes en la 53ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
   

Metodología

Tres investigadores de Human Rights Watch entrevistaron a 36 ciudadanos de terceros países expulsados de Estados Unidos a Costa Rica, incluyendo 31 entrevistas personales y privadas durante una visita de tres días al Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM) en el cantón de Corredores, provincia de Puntarenas, Costa Rica, del 28 al 30 de abril de 2025. Human Rights Watch también realizó entrevistas por teléfono o mensaje de texto entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2025, incluso con algunas de las personas entrevistadas en persona a finales de abril.

Human Rights Watch entrevistó a 21 mujeres y 15 hombres de los siguientes países: Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, República Democrática del Congo, Irán, República del Congo (Congo-Brazzaville), Rusia, Turquía, Uzbekistán y Yemen. Todos los ciudadanos de terceros países entrevistados para este informe se identifican con seudónimos.

Las entrevistas se realizaron en inglés, ruso, francés y portugués, o con el apoyo de intérpretes de dari, farsi y turco. A todos los entrevistados se les garantizó la confidencialidad y, en consecuencia, a lo largo de este informe se utilizan seudónimos, aunque algunos entrevistados hayan revelado sus nombres a algunos periodistas. En algunos casos, hemos obviado información que podría permitir la identificación de los entrevistados. A los entrevistados se les informó que las entrevistas eran voluntarias y que podían terminarlos en cualquier momento, y que no recibirían ningún pago ni beneficio personal por participar.

Este informe también se basa en los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Costa Rica, que se encuentra dentro de la Defensoría de los Habitantes y que pudo inspeccionar el centro en marzo y entrevistar a las personas detenidas allí.[11]

Human Rights Watch escribió al Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública de Costa Rica el 31 de marzo y el 12 de mayo de 2025, y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) el 11 de mayo de 2025. La CBP no respondió a nuestra carta antes de la publicación de este informe.

La Secretaría de Gobernación remitió nuestra carta del 31 de marzo a la Dirección General de Migración y Extranjería el 24 de abril, y ésta nos respondió el 7 de mayo. La Dirección General de Migración y Extranjería respondió a nuestra segunda carta el 15 de mayo. Esas respuestas, junto con la respuesta del 6 de mayo a una carta conjunta del 27 de marzo enviada por Amnistía Internacional, Human Rights First, Human Rights Watch, Refugees International, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y el American Friends Service Committee, están reflejadas en este informe y se incluyen en el apéndice.

Este informe utiliza el término “ciudadanos de terceros países” para referirse a personas que no son ciudadanos de Costa Rica ni de Estados Unidos. De conformidad con las normas internacionales, el término “niño” se refiere a toda persona menor de 18 años.[12]

Huyendo de sus hogares en busca de seguridad

Baseem P. huyó de Afganistán con su esposa, Khadeeja, en 2022 después de que miembros de los talibanes acudieran a la casa de su hermano en su búsqueda. Explicó:

No tengo forma de regresar a Afganistán. Era empleado del gobierno y trabajaba en una de las instituciones clave del país: la Oficina del Consejo de Seguridad Nacional de Afganistán. Además de esto, hay otras amenazas graves a las que nos enfrentamos, como mi etnia—soy miembro de la minoría étnica hazara—y nuestra creencia religiosa (chií), que nos convierte en blancos de violencia, discriminación e incluso asesinatos por parte de grupos terroristas como los talibanes y el ISIS.[13]

Human Rights Watch escuchó muchos otros relatos que, de ser ciertos, indican que las personas huían de la persecución por motivos de etnia, religión, género, asociaciones familiares y opinión política. Muchas personas nos mostraron pruebas que corroboraban sus relatos: cicatrices que señalaban en sus cuerpos como resultado de tortura, documentos de identidad que demostraban servicio gubernamental, documentos que describían sus conversiones religiosas o actividades políticas, órdenes de detención por cargos vagos o abusivos, fotos de lesiones que sufrieron durante palizas y cronologías detalladas de los hechos. Aunque muchos tenían lo que parecían bases sólidas para presentar solicitudes de asilo, solo 2 de las 36 personas que entrevistamos recibieron una evaluación preliminar para iniciar su proceso de asilo—también conocida como “entrevista de temor creíble” (credible fear interview)—en Estados Unidos antes de ser expulsadas a Costa Rica.

Entre los muchos relatos de este tipo que Human Rights Watch escuchó:

• “Yo era activista, participaba en protestas públicas . . . y a finales de diciembre de 2024, agentes del FSB [Servicio Federal de Seguridad de Rusia] me ‘invitaron’ a una ‘conversación’ y me dieron a elegir: o espiar para ellos a otros activistas o ser enviado al frente [en Ucrania]. Huí menos de tres semanas después—con mi esposa y mi hijo . . . . Fui a Estados Unidos a pedir asilo porque no podía regresar a Rusia—pero ni siquiera me concedieron una entrevista”.
  —(Eduard G., de Rusia, 28 de abril de 2025)

• “Me fui debido a mi activismo político. Apoyé el movimiento por los derechos de las mujeres Zan Zendegi Azadi en Irán. Soy cristiana. Huí porque pensé que me iban a detener, ya que acababan de detener a mi amiga. Ya me habían detenido cuando tenía 23 años, en 2008. Formaba parte del Movimiento Verde. Estaba trabajando en casa de mi padre. [Las autoridades] vinieron a mi lugar de trabajo y me detuvieron. Me vendaron los ojos y me llevaron a lo que llaman una ‘casa segura’, donde meten a los detenidos durante un breve periodo de tiempo mientras los torturan. Estuve cinco días en esa ‘casa segura’. Las cicatrices que tengo en la cabeza son de esa tortura. Por sus voces, supe que eran dos personas. Empezaron con abuso verbal pero al tercer día me empujaron la cabeza contra un calentador y me quemaron”.
  —(Beyrouz H., de Irán, 28 de abril de 2025)

• “Somos ateos y nuestras familias son musulmanas observantes que no querían que criáramos a nuestro hijo como ateo. Quieren que nuestro hijo sea musulmán. . . . Nuestros familiares nos amenazaron verbalmente. Presenté una denuncia a la policía, pero la policía dijo que era un asunto familiar en el que no se involucrarían”.
  —(Taner B., de Turquía, 30 de abril de 2025)

• Daniil N. y su esposa, Sasha M., dijeron que huyeron de Rusia con su hijo de 6 años después de que Daniil, un trabajador electoral, intentara exponer las irregularidades en las elecciones del país de 2024.[14]

Viajes arduos

Las personas que entrevistamos describieron viajes angustiantes para llegar a Estados Unidos, en algunos casos soportando violencia, extorsión, robo, pérdida de documentos de identidad y otras dificultades. Algunos recorrieron rutas tortuosas. Muchos gastaron casi todo lo que tenían en un esfuerzo por encontrar seguridad.

Nos dijo Baseem:

Tuvimos que atravesar rutas extremadamente peligrosas, incluso a través de selvas densas. Mi hija, que entonces no tenía ni un año, nos acompañaba en aquellas duras condiciones. El sonido de las fuertes lluvias, los truenos y los innumerables ruidos de los animales salvajes, pájaros y reptiles eran aterradores. Aún arrastramos el trauma psicológico y las pesadillas de aquellos días.

Por el camino, fuimos testigos de muchas escenas desgarradoras. Debido a las violentas e intensas lluvias, algunas familias perdieron a sus hijos en inundaciones repentinas. Vimos cadáveres humanos, personas con heridas graves como miembros rotos y otras que se habían desmayado de hambre o deshidratación.[15]

Escuchamos relatos similares de otras personas. Algunos, como Marie T. y su marido, Vincent, de la República Democrática del Congo, cruzaron el Tapón del Darién, una selva pantanosa en la frontera entre Colombia y Panamá donde muchas personas se han enfrentado a graves abusos y docenas, si no cientos, han perdido la vida.[16]

Citas de CBP One canceladas

Algunas de las personas que hablaron con Human Rights Watch dijeron que habían estado esperando en México, a menudo durante meses, para una cita de asilo CBP One—una hora fija para que las personas se presenten en un punto de entrada de Estados Unidos para solicitar asilo, programada a través de una aplicación móvil desarrollada por la CBP, conocida como CBP One—antes de que la administración del presidente Donald Trump cancelara todas las citas pendientes el 20 de enero de 2025. Por ejemplo:

• Daniil N., un hombre de 36 años, de Rusia, dijo que él, su esposa y su hijo de 6 años se registraron en CBP One en cuanto llegaron a México en 2024. Durante meses, dijo, “no consideramos [entrar a Estados Unidos de forma irregular], ya que no estaba aprobado por las autoridades de Estados Unidos de América”. Preferían esperar la cita a pesar de que él y su esposa eran conscientes de que entrar de forma irregular no les impedía, según la legislación estadounidense, presentar una solicitud de asilo. Continuó: “Tras 238 días de espera en México, por fin conseguimos una cita CBP One, y seis días más tarde, el 20 de enero de 2025, fue cancelada sin ninguna opción para nuestra solicitud posterior de asilo”.[17]

• Baseem P. dijo a Human Rights Watch que él, su esposa y su hija recién nacida esperaron en México durante cinco meses y medio para su cita CBP One, que estaba prevista para el 26 de enero de 2025. “El 20 de enero de 2025, a las 10 de la mañana, recibí un correo electrónico que decía que mi cita había sido cancelada. . . . Me sentí totalmente desesperada. Fui a la frontera y vi a personas allí reunidas. Todo el mundo lloraba. La policía mexicana nos dijo que todo estaba cancelado y que no podían permitirnos cruzar la frontera”.[18]

• Elçin A., de Azerbaiyán, dijo: “Pasamos 65 días en México. Teníamos una cita CBP One para el 1 de febrero, a las 5 p.m., en el puerto de entrada de San Ysidro. Fue cancelada el 20 de enero de 2025”.[19]

• Karina B., de Rusia, dijo que se registró en CBP One el 19 de noviembre de 2024, unos días después de que ella y sus hijos llegaron a México. “Estábamos esperando la fecha de nuestra cita. Otras personas que viajaban por México en ese momento me dijeron que cruzara de forma irregular. El día de la inauguración, ya no era posible confirmar la CBP One; esa opción había sido desactivada. Me quedé en estado de shock. Habíamos pasado todo ese tiempo esperando una cita”, dijo a Human Rights Watch.[20]

Algunos de los que tenían citas canceladas con CBP One condujeron hasta un puesto fronterizo, o “puerto de entrada”, y solicitaron asilo a los agentes de la CBP en cuanto llegaron a la ventanilla.

Por ejemplo, Maya M., su hija de 17 años y su sobrino de 22 años, todos procedentes de Rusia, se registraron en la CBP One el 30 de agosto de 2024 y, tal y como se les exigía, se conectaron todos los días a partir de entonces para confirmar su intención de solicitar asilo. El 20 de enero de 2025, descubrieron que la aplicación ya no les permitía confirmar que buscaban una cita para solicitar asilo. Condujeron hasta la estación fronteriza de Calexico, California, el 16 de febrero. Su sobrino, que conducía, entregó sus pasaportes al agente fronterizo y dijo que todos solicitaban asilo. “Entonces nos esposaron inmediatamente, incluida mi hija”, relató Maya a Human Rights Watch. “La CBP dijo que hay un nuevo presidente y que seremos deportados”.[21]

En un relato similar, Eduard G., el hombre de 26 años, de Rusia, dijo a Human Rights Watch que él, su esposa y su hija condujeron con otra familia de cuatro miembros hasta la estación fronteriza de Tecate, California, el 24 de enero. “Condujimos hasta la caseta, entregué todos nuestros pasaportes y pedí asilo. Los agentes se rieron. Dijeron: ‘Tenemos un nuevo presidente, ahora no tienen ninguna posibilidad’”.[22]

Daniil N. y su familia hicieron lo mismo. “No tuvimos otra opción que comprar un carro e intentar pedir asilo político en Estados Unidos conduciendo hasta el puesto de control y entregándonos allí a las autoridades estadounidenses”.[23]

Detención incomunicada en Estados Unidos en condiciones inhumanas

Tanya P., 33 años, de Rusia, describió los 32 días que pasó en el centro de detención de migrantes Otay Mesa de San Diego, California:

Las condiciones eran más que horribles. No había suficiente comida, no se nos permitía salir al exterior en absoluto, ni siquiera a los niños. Cuando mi hija y yo fuimos llevadas allí, [los guardias] nos metieron en una “sala familiar”, en la que cabían entre 23 y 25 mujeres y unos 14 niños. A los pocos días, me puse muy enferma: fiebre alta, vómitos, etc. Los guardias me trasladaron junto con mi hija a una pequeña celda separada. Les rogué que dejaran a la niña en la sala familiar; no quería que cogiera ese virus y había algunas mujeres amables que estaban ansiosas y dispuestas a cuidar de ella. Pero los guardias insistieron en trasladarla también. Estuvimos en esa celda por cinco días. Estaba tan enferma que pensé que no lo lograría. De hecho, tuve dolores cardíacos y me desmayé dos veces. Mi hija estaba asustada, histérica. Un médico me examinó pero no hizo nada, salvo darme unos antigripales.

En la “sala familiar” había una mujer joven con un bebé de 5 meses. Los guardias le dieron leche de fórmula y agua fría. Ella les suplicaba que calentaran el agua pero no cedían . . . . Al final, trasladaron a esa mujer a otro centro de detención [sin su bebé] y los agentes se limitaron a meter a su marido en una celda pequeña con el bebé y su otro hijo, que tenía unos cinco años. Durante 10 días, el marido tuvo que arreglárselas solo, diluyendo la leche de fórmula en agua fría, cambiando al bebé, ocupándose del otro niño que lloraba y echaba de menos a su mamá. Luego el marido fue liberado con los niños—ahora seguimos en contacto—pero la mujer sigue detenida.

También tuvimos a una joven embarazada en la “sala familiar” . . . . Estaba de más de cinco meses. Y como todos los demás, durmió en esa colchoneta delgada, sobre el suelo frío. Después de 25 días, la deportaron. Lloraba, no quería que la devolvieran a Rusia. Ahora estoy en contacto con ella: tuvo a su bebé de forma prematura, el bebé es muy pequeño.

Otra mujer se rompió un diente y sufrió un horrible dolor de muelas. No podía dormir, le dolía constantemente. En raras ocasiones, le daban algunos analgésicos [sin receta], pero el dolor era demasiado insoportable, esos analgésicos no hacían gran cosa. Todos rogamos a los agentes que la llevaran a un dentista para que le hicieran una extracción, pero no. Así que, tras una semana de esta pesadilla, una de las mujeres le arrancó de la encía el fragmento de diente que le quedaba con las manos y las uñas desprotegidas, con sangre y todo.

Todos los niños tenían diarrea o vomitaban, o ambas cosas. Sus estómagos estaban revueltos de forma constante por la comida poco saludable. A veces, lo único que les daban para desayunar eran burritos picantes. La taza del inodoro estaba justo en la habitación, y estaba ocupada, por decir lo menos, pero el botón de descarga del inodoro estaba fuera de la celda. Así que, cada vez que necesitábamos tirar la cadena, teníamos que llamar a los guardias—y a veces nos complacían y a veces simplemente no venían y finalmente tiraban la cadena en medio de la noche, despertando a los niños. Ese “fuush” de la descarga era muy fuerte; mi hija todavía tiene miedo a los sonidos fuertes y en ese lugar siempre se despertaba gritando.

La habitación era fría, con el aire acondicionado a tope las 24 horas del día. Nos estábamos congelando: sin ropa de abrigo, con colchonetas delgadas y solo una manta de papel de aluminio por persona. Uno de los oficiales se compadeció de nosotros y nos dio mantas de papel de aluminio adicionales, pero al día siguiente otros oficiales nos quitaron esas mantas. Supongo que no éramos lo suficientemente buenos para dos mantas: querían que nos congeláramos.

Y con tantos días en detención, las mujeres acababan teniendo la regla y esto era la mayor humillación: para conseguir una toalla sanitaria limpia, tenías que enseñar la sucia a los guardias, para demostrar que realmente la habías usado. Y con solo un grifo de agua encima de la taza del inodoro y sin paños limpios, no podías lavarte ni nada.[24]

Todas las personas entrevistadas por Human Rights Watch entraron a Estados Unidos desde México en enero o febrero de 2025. Algunos fueron a un puesto fronterizo (un “puerto de entrada”), entregaron a los agentes fronterizos sus pasaportes y solicitaron asilo. Otros cruzaron de forma irregular—como vadeando el río que discurre a lo largo de parte de la frontera internacional o trepando por encima o a través de los huecos de los muros o vallas fronterizos—y se dirigieron, hicieron señas o esperaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense.

Las personas detenidas por la Patrulla Fronteriza estadounidense o por los agentes uniformados que atienden los puertos de entrada suelen pasar algún tiempo en las celdas de detención de las estaciones fronterizas mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), la agencia que incluye a la Patrulla Fronteriza, decide cómo tramitar sus casos. Estas instalaciones están diseñadas para retener a adultos—no a niños—durante un máximo de 72 horas.[25] Pero las personas entrevistadas para este informe dijeron que la CBP los internó en celdas de detención durante periodos de entre una semana y un mes o más.

Una mujer—Tanya P., de Rusia—dijo que le permitieron una llamada telefónica a sus familiares residentes en Estados Unidos el día en que los agentes de la CBP la detuvieron y una segunda llamada 20 días después, pero ninguna de las demás personas entrevistadas por Human Rights Watch dijo que les permitiera ponerse en contacto con familiares o amigos para decirles dónde estaban detenidas. Los carteles colocados en las paredes les informaban de que podían llamar a un abogado, pero cuando lo solicitaban, los agentes de la CBP denegaban sus peticiones o las ignoraban. Por ejemplo:

• “Había un cartel en la pared que decía que teníamos derecho a una llamada telefónica, pero en realidad no podíamos hacerlo”, dijo Farah A., una mujer de 42 años de Azerbaiyán.[26]

• “No teníamos acceso a teléfonos. No teníamos permiso para ponernos en contacto con nadie”, dijo Baseem P., un hombre de 30 años de Afganistán, a Human Rights Watch.[27]

• “Nuestra familia no sabía que estábamos vivos. Había un cartel en la pared que decía que la gente podía ponerse en contacto con su familia. Les dije que alguien de mi familia había sido asesinado y que era importante hablar con mi familia, pero los funcionarios no me dejaron”, dijo Nasrin M., una mujer de 25 años de Turquía.[28]

Estos y otros relatos que escuchamos coinciden con los de ciudadanos de terceros países expulsados a Panamá en enero de 2025.[29]

Las condiciones en las celdas de detención de CBP son sistemáticamente abusivas. A menudo son incómodamente frías—de hecho, los hispanohablantes retenidos en estos centros de detención suelen referirse a ellos como hieleras—y los agentes de la Patrulla Fronteriza limitan regularmente a las personas a una sola capa de ropa. Algunas personas reciben duchas una vez cada tres o cuatro días o incluso con menos frecuencia; otras no tienen acceso a duchas en absoluto. No pueden cepillarse los dientes más de una vez a la semana, si es que se les permite. Las celdas suelen estar hacinadas y normalmente iluminadas las 24 horas del día, y el constante movimiento de personas y los frecuentes gritos de los agentes fronterizos hacen que las personas rara vez puedan dormir más de una o dos horas seguidas. Los hombres están detenidos por separado de las mujeres, y los adolescentes varones en celdas separadas, lo que significa que las familias suelen estar divididas.[30]

Sin excepción, las personas entrevistadas para este informe describieron condiciones que coincidían con estos y otros problemas de larga data en los centros de detención de CBP. Por ejemplo:

• “Hacía mucho, mucho frío en esas celdas. Los agentes de migración que nos detuvieron nos hicieron tirar todo lo que teníamos a la basura. No podíamos guardar ninguna capa de ropa extra”, dijo Marie T., de 32 años, de la República Democrática del Congo.[31] Escuchamos relatos similares de otras personas.[32]

• “Las celdas de detención estaban heladas, con ventiladores potentes soplando constantemente. Los niños y los adultos se enfermaron, pero no se nos proporcionó ningún medicamento; solo nos dijeron que bebiéramos agua”, dijo Sasha M., de Rusia, a Human Rights Watch.[33]

• “Solo se nos permitía ducharnos durante un minuto una vez a la semana”, dijo Leyla H., una mujer de Turquía de 30 años, detenida durante 10 días con sus hijos de 5 y 8 años.[34]

• Anahit B., una mujer de Armenia de 34 años, dijo que durante el mes que ella y sus dos hijas, de 2 y 7 años, estuvieron retenidas en el centro de detención de migrantes, “solo se nos permitió cambiarnos de ropa interior y camisetas dos veces”.[35]

• “No parábamos de pedir a los guardias que atenuaran las luces, pero se negaban. Las luces estaban encendidas las 24 horas del día. Casi nos volvemos locas durante ese tiempo. No sabes si es de noche o de día, no sabes lo que te está pasando”, dijo Karina B., una mujer de Rusia de 42 años.[36]

Los padres dijeron que las normas impuestas por la CBP hacían difícil mantener la higiene de los niños más pequeños. Anahit, la mujer de Armenia de 34 años, nos dijo:

No se nos permitían peines, así que a escondidas cogíamos tenedores de plástico de los comedores para desenredar el pelo de los niños. También intentamos utilizar cintas de mascarillas médicas para atar el pelo de los niños y el nuestro, pero si los oficiales las veían, siempre nos las quitaban y nos gritaban.[37]

La CBP tampoco permite que las personas utilicen cortaúñas, independientemente del tiempo que permanezcan detenidas. Varios padres dijeron que sus hijos se habían hecho daño como consecuencia de ello. Tanya P., 33 años, de Rusia, dijo: “No pude cortarle las uñas a mi hija ni una sola vez durante esos 32 días, y las uñas de los pies especialmente fueron un problema—una de ellas literalmente creció hacia dentro, mi hija tenía dolor y los oficiales seguían sin darme cortaúñas ni siquiera por un segundo”.[38] “Mi hija se arañó el ojo [porque tenía las uñas largas y sin limar], y el ojo se le infectó”, dijo Anahit.[39] Daniil y Sasha dijeron que su hijo de 6 años se arañó accidentalmente la cara, haciéndose sangre, porque las uñas le crecieron más durante el mes que la familia estuvo detenida.[40]

Los padres dijeron que la comida no era sana para los niños, sobre todo para los que permanecían retenidos durante varios días o semanas. Eduard G., un hombre de 26 años de Rusia, dijo: “La comida era sobre todo fideos instantáneos y burritos. Esto era especialmente malo para los niños. Algunos niños se negaban a comer. Mi hijo engordó mucho después de 30 días; otros niños perdieron mucho peso”.[41] La CBP proporciona fruta a los niños pero solo a los que tienen menos de ocho años, nos dijeron otros.

Personas retenidas en el centro de detención de Otay Mesa, cerca de San Diego, donde muchas personas pasan el día en una de varias tiendas de campaña grandes, dijeron que su detención fue especialmente prolongada, en algunos casos más de un mes, y describieron unas condiciones especialmente adversas.[42] Maya M., una mujer de Rusia de 45 años, dijo:

Las condiciones en el campamento de tiendas eran completamente horrendas. Los oficiales gritaban, proferían obscenidades, se ponían físicos con nosotros e incluso empujaban a la gente. Vi cómo los oficiales arrastraban a una mujer afgana después de que se negara a que le quitaran el hiyab. Cuando regresó, parecía drogada. En un momento dado, los agentes hicieron que todos los hombres se agacharan durante 40 minutos con las manos detrás de la cabeza. Un hombre ruso tuvo problemas para agacharse: probablemente se le agarrotó la pierna y, cuando intentó estirarla, un agente le golpeó en la pierna con una porra de goma.[43]

En otro relato de este tipo, Araz E., una mujer de 35 años de Armenia, dijo:

La CBP nos llevó a la fuerza a San Diego, a un campamento de tiendas, una especie de base. Había varias tiendas de campaña, con unas 50 personas hacinadas en ellas. Había muchos policías armados con insignias verdes. Nos gritaban, empujaban a algunas personas. “¡Cállense! ¡Silencio!” ¡Incluso gritaban a los niños! Y tantas armas. Temíamos que nos dispararan. Esposaron y encadenaron a todos los hombres mientras los niños miraban, horrorizados. No les importaba que los niños lloraran.[44]

Como el centro de detención de migrantes de Otay Mesa no dispone de duchas, la CBP traslada en autobús a las personas al centro de detención de migrantes de San Ysidro, a unos 15 kilómetros de distancia, para que se duchen. Eduard G., 26 años, de Rusia, pasó 32 días en Otay Mesa con su mujer y su hijo. Dijo: “Cada tres o cuatro días nos metían en vehículos y nos llevaban a San Ysidro para ducharnos. Esas eran las únicas veces que veíamos el cielo y echábamos un vistazo al aire fresco”.[45] Karina B., de 42 años, también de Rusia, dijo: “Cuando llegábamos a San Ysidro, nos daban jabón y champú, pero lavarnos los dientes era un problema. Una vez a la semana nos daban un cepillo de dientes empaquetado con una fina capa de pasta de dientes ya untada en el cepillo”.[46]

Donde sea que estuvieran detenidas, las personas decían a menudo que estar separadas de su cónyuge—o peor aún, de sus hijos—era la parte más traumática de su estancia en un centro de detención de migrantes estadounidense. Araz E., una mujer de 35 años de Armenia, nos lo contó:

Lo más horrible fue que una vez que nos llevaron al centro de detención de San Ysidro, se llevaron a mi hijo de 12 años, sin más. Él lloraba, suplicaba quedarse conmigo, pero no le hicieron caso. Durante 29 días mi hijo estuvo separado de mí. A veces estaba solo en una celda, a veces con otros chicos de entre 13 y 15 años. Tenía mucho miedo por él; temía que los otros chicos le hicieran daño. Y con 12 años realmente no sabía cuidar de sí mismo. No es más que un niño. Nunca había estado solo. Los oficiales solo me permitieron verlo por cinco minutos una vez cada varios días. A los nueve días de detención, se le rompieron las gafas. Tiene muy mala visión; realmente no puede funcionar sin gafas. Supliqué a los funcionarios que le arreglaran las gafas. Tenía el dinero para pagar. Pero no me hicieron caso, dejando a mi hijo casi ciego durante otros 20 días. . . .

Y durante todo ese horrible mes allí ni siquiera pude permitirme llorar—mi hijo pequeño estaba conmigo todo el tiempo, tenía miedo de asustarle, tenía que mantener una buena fachada por su bien. Y siempre que podía ver a mi hijo de 12 años tampoco podía mostrarle lo asustada y disgustada que estaba. Además, apenas podía comer; siempre que iba al comedor, rezaba para que trajeran a mi hijo a verme aunque fuera unos minutos.[47]

Las personas separadas de este modo solo podían verse durante breves periodos de tiempo, si es que se veían:

• Grigoris D., un hombre de 35 años de Armenia, nos contó que durante los 26 días que pasaron detenidos por migración, a él y a su mujer se les permitió verse durante media hora.[48]

• “Me separaron de mi marido. Solo nos vimos un par de veces durante 15 minutos” durante sus 15 días de detención, dijo Farah A., una mujer de 42 años de Azerbaiyán.[49]

A los niños les resultaba difícil estar separados de sus padres, dijeron sus madres a Human Rights Watch:

• “Fue muy duro para los niños estar separados de su padre”, dijo Khadeeja. “No paraban de llorar y decían: ‘Queremos ver a nuestro padre.’”[50]
• Sasha M., detenida durante un mes en Otay Mesa con su marido y su hijo de 6 años, dijo que ella y otros padres formaban pelotas con sus mantas de papel de aluminio para que sus hijos jugaran con ellas. “Al cabo de un mes los niños estaban cansados, empezaron a pelearse entre ellos, a ponerse enfermos. No salíamos a la calle para nada, no veíamos el sol y no respirábamos aire. . . . Hacia el final de la estancia allí, [mi hijo] empezó a llorar a menudo, quería salir al aire libre y ver a su padre”.[51]

Las personas describieron otros comportamientos de los agentes de la CBP que parecían destinados principalmente a infligir humillación y a enfatizar el poder y el control de los agentes. Por ejemplo:

• Las mujeres que estaban menstruando dijeron que el trato al que se enfrentaban era especialmente degradante. “Yo menstruaba cuando estaba en las celdas de detención”, dijo Marie T., 32, de la República Democrática del Congo. Y continuó: “Los guardias nos daban toallas sanitarias nuevas, pero no nos dejaban lavarnos. Era humillante”.[52] Algunos agentes también obligaban a las mujeres a mostrar que su toalla sanitaria estaba manchada antes de darles una nueva, dijeron.[53]

• Karina B., una mujer de Rusia de 42 años, dijo que una de las mujeres de su celda suplicó de forma repetida a los agentes que le dejaran tomar su medicamento recetado para una afección cardiaca grave, pero los agentes se negaron.[54]

• Beyrouz H., un hombre iraní de 39 años, dijo que los agentes de la CBP “fueron groseros con mi hija y la acosaron verbalmente. Nos dijeron que nos deportarían a Irán. Mi hija lloraba mucho”.[55]

• Farah A., de Azerbaiyán, nos dijo: “Nuestra hija tiene 8 años. Solo dan fruta a los niños menores de 8 años. Los otros niños estaban comiendo plátanos y mi hija también quería uno y empezó a llorar. Le pregunté a la guardia si podía darle un plátano a mi hija. Entonces la guardia cogió un plátano y se lo comió delante de mi hija”.[56]

Resumiendo su estancia en migración, Marie T., la mujer de 32 años de la República Democrática del Congo, dijo: “Fue traumatizante”.[57]

Se sabe que la detención de migrantes de cualquier duración es especialmente perjudicial para los niños,[58] y los padres dijeron que el tiempo pasado en el centro de detención de migrantes de Estados Unidos perjudicó el bienestar mental de sus hijos. Por ejemplo, Anahit B. nos dijo:

Cuando llegamos al CATEM [en Costa Rica], mi hija mayor estaba tan estresada que tenía que ver a un psicólogo todos los días—tenía miedo de que se la llevaran lejos de mí porque en los Estados Unidos, en los centros de detención, vio cómo separaban a otros niños de sus padres. Tenía miedo de los hombres uniformados cuando llegó aquí, y tardó un tiempo en darse cuenta de que los agentes locales no eran amenazadores.[59]
 

Expulsiones sumarias de Estados Unidos

Tras su aprehensión y durante el tiempo que pasaron en centros de detención de migrantes estadounidenses, las autoridades hicieron caso omiso de reiteradas solicitudes de asilo, según nos contaron de forma sistemática las personas entrevistadas por Human Rights Watch. En muchos casos, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) les dijeron que ya no había asilo en Estados Unidos. En todos los casos documentados por Human Rights Watch, el DHS expulsó a personas a Costa Rica sin seguir los procesos de deportación establecidos en la legislación estadounidense, ni siquiera el proceso simplificado conocido como “deportación acelerada”. En su lugar, actuando bajo la supuesta autoridad de una proclamación presidencial, los agentes del DHS enviaron a personas a Costa Rica, un país del que no son ciudadanos y al que no tenían intención de viajar.

La forma de expulsión fue especialmente traumática para muchas personas, sobre todo para los niños, según lo que escuchó Human Rights Watch. Como explicó Karina B., una mujer de Rusia de 42 años:

Los agentes de la CBP nos despertaron a las 3 a.m. con prisa. Esposaron y colocaron grilletes a todos los hombres y mujeres. Un agente dijo: “Vamos a subirles a un avión para llevarlos a un centro de detención fronterizo en Arizona”. Pensé que allí nos harían una entrevista. Nos metieron en vehículos y nos llevaron a un avión militar. Estábamos rodeados de montones de militares con armas automáticas, las caras cubiertas, todos con máscaras. Los niños estaban o somnolientos o histéricos por los hombres armados. Varios fotógrafos estaban filmando a todos, incluidos los niños, sin pedir permiso para hacerlo. Nos apretujaron en el avión. Hacía mucho frío. Los niños gritaban porque estaban asustados. Los militares dijeron que nos dirigíamos a Arizona.

Nos quitaron los grilletes cuando el avión despegó. Aterrizamos y nos metieron en autobuses. Pensé que íbamos a otro centro de detención para ser entrevistados. En cambio, nos llevaron a otro avión. Fue entonces cuando los militares nos dijeron que este avión se dirigía a Costa Rica. Grité y lloré. Un soldado me dijo a través de otro que hablaba ruso que me pondrían grilletes y me arrastrarían al avión si no cooperaba. Dijo que se había tomado una decisión sobre nuestra deportación. Una mujer vestida de civil le dijo al oficial: “¿Por qué la mima?”. Me agarró del brazo. El oficial hizo que se detuviera. Me dijo que debía cooperar. Me dijo que actuara en el mejor interés de mis hijos. “No los traumatice más, no deje que la vean encadenada”, me dijo.[60]

Al recordar la forma en que la CBP le trató a él y a otros durante su expulsión, Clement F., un hombre de 43 años de la República Democrática del Congo, dijo: “Nos trataron con total inhumanidad. Nos trataron como esclavos. No sé cómo esto es posible en un país que representa la libertad, en la tierra de los derechos”.[61]

Estas expulsiones sumarias violaron el derecho a solicitar asilo y el derecho a una audiencia justa y a otras protecciones procesales antes de la deportación, en violación de las garantías estatutarias y constitucionales y de los tratados internacionales ratificados por Estados Unidos. Estas expulsiones sumarias también crearon un riesgo real de retorno a la persecución, la tortura u otros daños graves, como se analiza más adelante en este informe, también en violación del derecho nacional e internacional.

Padres esposados delante de sus hijos, sin información sobre su destino

Eduard G., de Rusia, 26 años, describió la forma en que él, su mujer y su hijo fueron expulsados a Costa Rica:

Nos llevaron a un aeropuerto, un aeropuerto civil. Algunas personas empezaron a gritar, a pedir asilo, a ser forzadas [a bajar del autobús]. . . . Un agente dijo: “A las 3 a.m. los pondrán en un vuelo a Arizona, luego estarán en un centro de detención allí, será entonces cuando se resolverá su situación”. A las 3 ó 4 a.m., los agentes llamaron a 20 personas de distintas celdas. Todos los adultos, incluidas las mujeres, estaban esposados y con grilletes. Mi hijo preguntó: “Papá, ¿te han detenido?”. El niño estaba aterrorizado.

Entramos en furgones policiales, condujimos durante una hora y nos subieron a un avión militar Hércules. Esto fue de nuevo muy aterrador para los niños. Junto al avión, mientras subíamos, había oficiales militares con armas automáticas, con chalecos antibalas. Otros dos oficiales armados iban en el avión. A bordo, los oficiales nos quitaron los grilletes a todos. Mi esposa habla muy bien inglés y preguntó: “¿Adónde nos llevan?”. “Van a Arizona”, respondió un oficial.

El vuelo aterrizó. Los agentes de la CBP nos subieron a todos a un autobús y éste nos llevó directamente a otro avión. Mientras íbamos en ese autobús en dirección al avión, los agentes de la CBP volvieron a esposarnos y a encadenarnos. Al embarcar, todos nosotros, incluidos los niños, tuvimos que atravesar un pasillo de agentes de la CBP fuertemente armados. Ya había un montón de gente en el avión, esposada y con grilletes. Éramos unos 60 en total. Un agente del ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, agencia del Departamento de Seguridad Nacional] estaba en el avión. Nos dijo: “Volaremos a Costa Rica”. Todos estábamos muy angustiados. Dijimos que buscábamos asilo político, que teníamos hijos. Pensamos: “¿Qué nos está pasando?”.[62]

La CBP llevó a cabo expulsiones a Costa Rica en dos vuelos a finales de febrero de 2025. El primero, procedente de San Diego el 20 de febrero, transportaba a 135 personas, entre ellas 65 niños.[63] Sesenta y cinco personas, entre ellas 16 niños, viajaban en el segundo vuelo, que partió de Yuma, Arizona, en la mañana del 25 de febrero.[64]

Cada uno de los vuelos de expulsión siguió los mismos procedimientos básicos, con alguna variación: Los agentes de la CBP despertaban a las familias en medio de la noche, esposaban y encadenaban a los adultos—a veces solo a los hombres; en otros casos, dependiendo del lugar de donde partieran, también a algunas o a todas las mujeres—por las muñecas, la cintura y los tobillos, y los transportaban en autobús o en un avión a San Diego o Yuma. Al ser preguntados adónde iban, muchos agentes de la CBP no respondieron, dijeron que no sabían o nombraron San Diego y Yuma como si fueran los destinos finales. Algunas personas se enteraron de que iban a Costa Rica justo antes de subir al avión con destino a este país; otros no lo supieron hasta que ya estaban dentro del avión. Unas cuantas personas dijeron a Human Rights Watch que solo se enteraron de que los enviaban a Costa Rica justo antes de aterrizar.

Anahit B., una mujer de Armenia de 34 años que viajaba con sus dos hijas de 7 y 2 años, describió su experiencia en el primer vuelo de expulsión:

La noche del 19 de febrero nos dijeron que nos preparáramos para viajar. Nos llevaron a San Diego, a un gran campamento de tiendas que había allí. Ese fue el peor día de todos. El campamento de tiendas daba mucho miedo. Los oficiales gritaban a pleno pulmón: “Cállate, cállate”. Los niños lloraban. Pensábamos que estábamos allí para una entrevista. Cada vez que hacíamos una pregunta, los oficiales nos decían que nos calláramos.

A todos los hombres nos pusieron grilletes y nos metieron en un autobús. El autobús nos llevó a un avión en un aeropuerto de carga cercano. No teníamos ni idea de lo que estaba ocurriendo. El avión despegó con 135 personas a bordo. Cada vez que hacíamos preguntas, nos decían que nos calláramos.[65]

Baseem P., también en el primer vuelo a Costa Rica, dijo:

Permanecimos esposados y encadenados durante el vuelo, incluso para ir al baño. A mi mujer no la esposaron. A una mujer la esposaron porque discutió con los oficiales, pero le quitaron las esposas antes de que subiera al avión. Antes de llegar, nos quitaron las esposas y después de eso no nos permitieron ir al baño.[66]

Horia S., de 27 años, la mujer que fue esposada en ese vuelo, nos contó:

Cuando empezaron a esposar y encadenar a los hombres, no a las mujeres, por las manos, la cintura y los pies, no me lo podía creer. Empecé a decir a los guardias de migración que no habíamos matado a nadie, que todos éramos seres humanos. Estaba muy alterada. Me esposaron. No podía respirar. Me dijeron que si no dejaba de llorar, se llevarían a mi bebé. Me dieron una pastilla que dijeron que era paracetamol, pero me dio mucho sueño y me sentía como en una niebla durante unas cinco o seis horas.[67]

Tanya P., una mujer de Rusia de 33 años, describió su expulsión en el segundo vuelo:

Los autobuses nos llevaron a una base militar... todos aquellos militares enormes y fuertemente armados con fusiles automáticos. Mi hija temblaba de miedo: “Mamá, ¿van a disparar? ¿Nos van a matar?”. Todos los adultos, incluso las mujeres, estaban encadenados, justo delante de los niños aterrorizados. Nos metieron en ese avión militar con grilletes, y los grilletes solo nos los quitaron después de aterrizar. Tenía las muñecas y los tobillos en carne viva. Había autobuses allí y nos llevaron a otro avión, un avión civil de aspecto normal. Había muchos soldados, pero también algunos fotógrafos y camarógrafos que nos filmaban mientras nos metían en ese avión. Solo cuando [íbamos] hacia el avión me enteré por alguien de que nos trasladaban a Costa Rica. . . . Al menos yo sabía el nombre del país; algunas personas realmente no lo sabían. Una mujer joven gritaba que no iría, que está sola con dos niños y su marido está en Estados Unidos, pero los agentes la amenazaron con grilletes y la obligaron a subir al avión. No quería asustar aún más a mi hija, así que no me resistí.[68]

Estos relatos ilustran algunas diferencias entre los dos vuelos de expulsión:

En el primer vuelo, los agentes de la CBP esposaron y encadenaron solo a los hombres y a una mujer que fue esposada pero no encadenada tras oponerse a la expulsión, mientras que en el segundo vuelo, los agentes de la CBP esposaron y encadenaron a todos los adultos, incluidas las mujeres.

Los niños estaban muy angustiados al ver a sus padres esposados y con grilletes de camino al aeropuerto y a bordo del vuelo, según nos contaron:

• “A las 2 a.m., me esposaron las manos a la cintura y me encadenaron las piernas. Mi hija lloró cuando me vio así. Nos transportaron durante 20 minutos al campo de San Diego”, dijo Elçin A., un hombre de 40 años de Azerbaiyán.[69]

• “Cuando estábamos en el avión, los niños se angustiaron mucho al ver a su padre esposado, con cadenas en las piernas y la cintura”, dijo Khadeeja P.[70]

Algunas personas dijeron a Human Rights Watch que ellos y sus familias habían sido trasladados entre varios centros de detención antes de su expulsión, lo que aumentó su sensación de desorientación y, debido a que muchos o todos los adultos estaban esposados y encadenados durante estos traslados, aumentó la sensación de inseguridad entre los niños.[71]

Sin acceso al asilo

De verdad que no lo entiendo: ¿por qué nos retuvieron durante tanto tiempo si nos echaron de todas formas? Simplemente no tiene sentido. Cuando estábamos detenidos, pensé que solo teníamos que aguantar, que acabarían procesándonos y nos pondrían en libertad. Pero no. Ni siquiera tuvimos una entrevista. Nunca me dejaron explicar mi caso, ni las amenazas que enfrenté.[72]

—Araz E., una mujer de Armenia de 35 años que pasó 29 días en una celda de migración

Casi todas las 36 personas entrevistadas por Human Rights Watch afirmaron que los oficiales estadounidenses ignoraron sus reiterados intentos por solicitar asilo. Con solo dos excepciones, los agentes de la CBP no les dieron la oportunidad de realizar una entrevista de selección ante un funcionario de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) para evaluar si cumplían con los requisitos para solicitar asilo, como exige la legislación estadounidense.[73]

Entre los muchos relatos de este tipo que escuchó Human Rights Watch:

• Sasha M., una mujer de Rusia, dijo: “A pesar de las múltiples solicitudes, los funcionarios estadounidenses ignoraron por completo nuestra petición de asilo. Nunca se nos concedió una entrevista de temor creíble [una evaluación preliminar de asilo] con un funcionario de migración, nunca se revisaron nuestros documentos y nos mantuvieron detenidos sin motivo claro, solo para ser transportados a la fuerza [a Costa Rica]”.[74]
• “Seguía esperando esa ‘entrevista del miedo’—sabía que tenía que tenerla por ley, así que todos los días estaba esperando. E irónicamente, cuando nos subieron a ese autobús me sentí tan aliviado—pensé que por fin íbamos a tener esa entrevista, que nuestro caso era muy sólido, que las autoridades nos escucharían y que seríamos libres. En cambio, nos enviaron a otro país, sin siquiera darnos una explicación”, dijo Grigoris D., un hombre de 35 años de Armenia.[75]
• “No, no tuvimos ninguna entrevista. Los agentes de la CBP no paraban de decir: ‘Hay un nuevo presidente, así que su única opción es firmar la deportación voluntaria’. Dijimos que habíamos sido perseguidos [en Rusia]”, dijo Eduard G., un hombre de 26 años procedente de Rusia, a Human Rights Watch.[76]
• “¡Y pensar que en San Ysidro las autoridades nos dijeron que solo nos estaban trasladando a un centro de detención en San Diego y que allí nos harían las entrevistas del miedo! En lugar de eso, simplemente nos metieron en un avión que aterrizó en Costa Rica. Todo era mentira”, dijo Maya M., una mujer de Rusia de 45 años.[77]

Como describe el relato de Eduard, en lugar de remitir a las personas a entrevistas con funcionarios de asilo, los agentes de la CBP las presionaron para que aceptaran regresar a sus países de origen. Él nos dijo: “En dos ocasiones, agentes de la CBP que hablaban ruso intentaron convencernos [de que volviéramos a Rusia]. Dijeron: ‘Los deportaremos de todos modos’. Yo me obstiné, algunos de los otros se rindieron y se fueron. Durante todo el tiempo que estuvimos detenidos, hubo mucha presión para que aceptáramos la deportación voluntaria”.[78]

Casi todas las personas entrevistadas por Human Rights Watch dijeron que los agentes de la CBP les hicieron preguntas sobre su ruta, su relación con otras personas con las que viajaban y, en algunos casos, por qué abandonaron sus países de origen. La CBP no los remitió a entrevistas de asilo ni siquiera cuando las personas respondieron a estas preguntas que habían huido de sus países de origen por los riesgos para sus vidas o su seguridad o porque temían regresar.

Por ejemplo, Beyrouz H., un hombre de 39 años de Irán, dijo que después de que él y su hija de 10 años cruzaron a Arizona el 11 de febrero, agentes de la CBP los llevaron a Yuma y lo interrogaron:

Allí me preguntaron por mi hija para verificar que era realmente mi hija. Creo que era el DHS o el FBI [Oficina Federal de Investigación]. Iban vestidos de civil. También le hicieron preguntas a mi hija por separado para que verificara que yo era su verdadero padre. Había varios agentes allí. Me tomaron una foto. Hicieron preguntas sencillas con respuestas de una sola palabra. Me preguntaron mi ruta a Estados Unidos y las fechas de mi viaje, pero yo no sabía las fechas exactas del viaje porque estaba sometido a mucha presión cuando viajaba. Me preguntaron por qué me había marchado y dije que por mi activismo político. No recibí ningún documento después de esta entrevista.[79]

Del mismo modo, Kamran I., un hombre de 37 años de Irán, dijo que un agente de la CBP habló con él mientras él y su familia estaban detenidos en Texas, y otro agente habló con él en San Diego, pero se negaron a escuchar su relato de la persecución en su país de origen. “Solo querían saber cómo entré a Estados Unidos, cuál fue la ruta y quién me ayudó. Seguí diciendo que sufríamos persecución religiosa y que buscábamos asilo, pero los agentes no quisieron escuchar”, dijo, y añadió: “No querían conocer nuestra historia. No nos concedieron una entrevista”.[80]

Dos personas contaron a Human Rights Watch que hablaron con un funcionario de asilo pero que cada una fue expulsada antes de recibir una decisión por escrito, como exige la ley,[81] y sin la oportunidad de que sus casos fueran revisados por un juez de migración, otro requisito de la ley estadounidense[82]:

• Marwan K., un joven de 19 años de Yemen, contó a Human Rights Watch que tuvo una entrevista telefónica con un oficial de asilo estadounidense. Cinco minutos después de que se acabó la entrevista, los agentes de la CBP le dijeron que el oficial de asilo había rechazado su solicitud. “Pedí ver a un juez, pero me dijeron que no, que no estaba permitido”, relató.[83]
• “Al final [de la entrevista], el funcionario dijo: ‘Ya no hay asilo en Estados Unidos’”, contó a Human Rights Watch Nadia P., una mujer de Rusia de 39 años que viajaba con su hijo de 15 meses. Añadió que el funcionario de asilo le dijo que tendría la oportunidad de explicar su caso a un juez de migración. En cambio, las autoridades estadounidenses la expulsaron a Costa Rica.[84]

Al hacer caso omiso de las salvaguardas legales para los solicitantes de asilo, las autoridades estadounidenses evadieron el proceso legal establecido y en la práctica se deshicieron de personas con peticiones de asilo plausibles.[85]

Procedimientos de deportación establecidos ignorados

Ninguna de las personas entrevistadas por Human Rights Watch recibió, antes de su expulsión de Estados Unidos, o inmediatamente después de su llegada a Costa Rica, ninguno de los documentos requeridos en un procedimiento formal de deportación (removal, el término jurídico en inglés).[86] En su lugar, fueron conducidos a un aeródromo sin que se les diera ninguna explicación hasta que estuvieron a punto de ser embarcados en un avión con destino a Costa Rica. El relato de Daniil N., el hombre de Rusia de 36 años, era típico de los que escuchamos:

[Nos llevaron a un aeródromo militar estadounidense, nos subieron a un avión Hércules [de transporte militar] y nos llevaron a Arizona. Allí nos subieron a un autobús para prisioneros, nos condujeron unos doscientos metros en línea recta hasta la escalerilla del avión, que se dirigía a Costa Rica. En la escalerilla del avión, nos dijeron que ya se había llevado a cabo un juicio en nuestros casos y que nos habían declarado culpables de violar la frontera estadounidense, por lo que nos deportarían a Costa Rica, desde donde nos enviarían directamente a nuestros países de origen.[87]

Los agentes de la CBP entregaron a las personas que fueron expulsadas en el primer vuelo, procedente de San Diego el 20 de febrero, un aviso de un párrafo impreso en papel normal sin la designación del organismo emisor ni los demás indicadores habituales de un documento oficial del gobierno. En su totalidad, el aviso decía:

Usted está siendo transportado desde los Estados Unidos a Costa Rica, bajo la Proclamación Presidencial 10888, Garantizando la Protección de Estados Unidos contra la Invasión, como un extranjero cuya entrada a los Estados Unidos ha sido suspendida de acuerdo con las secciones 212(f) y 215(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, así como los poderes del Presidente bajo la Constitución de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene acuerdos con países, incluido el país mencionado anteriormente, que permiten el traslado de extranjeros a esos territorios.

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La proclamación presidencial[88] citada como supuesta base para las expulsiones a Costa Rica no es coherente con la disposición legales estadounidenses en materia de asilo, que le garantiza a cualquier persona que llegue a la frontera el derecho a solicitar asilo, independientemente de su estatus migratorio o su forma de llegada.,[89] y no refleja las obligaciones internacionales de Estados Unidos, como se analiza en una sección posterior de este informe. Tampoco es exacto describir la entrada irregular de un solicitante de asilo como una “invasión”.[90]

Los expulsados en el segundo vuelo, desde Yuma el 25 de febrero, no recibieron esta notificación ni ningún otro documento relacionado con su expulsión hasta el 8 de abril, cuando los funcionarios costarricenses empezaron a distribuir órdenes de deportación acelerada de Estados Unidos y otros formularios de deportación con fechas que indicaban que estos formularios se habían preparado antes de sus expulsiones:

• Daniil N. envió un mensaje de texto a Human Rights Watch el 8 de abril con copias de estos documentos. Nos escribió: “Ni una palabra sobre el asilo político. Esto es falso. Nunca antes habíamos visto este documento. Y todos los que llegaron en el segundo vuelo a Costa Rica [acaban de recibirlo] aquí”.[91]

• “Hace diez días, todos [los expulsados el 25 de febrero] recibimos documentos de Estados Unidos que decían que habíamos violado el régimen de migración de ese país y que teníamos prohibida la reentrada durante otros cinco años. El documento no menciona que fuéramos solicitantes de asilo. Las 20 personas trasladadas de Otay Mesa recibimos los mismos documentos”, dijo Karina B., de Rusia.[92]

Los formularios vistos por Human Rights Watch llevaban impresas las huellas del dedo índice derecho de las personas, pero no sus firmas. Las huellas parecían haber sido generadas digitalmente, presuntamente a partir de registros electrónicos tomados en el momento de la detención, en lugar de haber sido adheridas manualmente al documento, lo que plantea preguntas sobre cuándo prepararon realmente los formularios las autoridades estadounidenses y si los destinatarios tuvieron la oportunidad de leerlos antes de que se añadieran sus huellas digitales. Cuando le preguntamos a Daniil N. si había estampado su huella digital en alguno de los formularios que recibió en abril, respondió que no:

Me tomaron las huellas digitales cuando llegamos a Tecate. Y en el paso fronterizo de Otay Mesa. Pero nunca vi ningún documento que me dieran para firmar. Nunca he firmado ni firmaría voluntariamente ningún formulario. Especialmente porque creo que estas huellas fueron impresas en una impresora.[93]

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Cuando preguntamos a las autoridades costarricenses el 12 de mayo cuándo habían recibido estos formularios, no respondieron directamente:

Sobre las preguntas: “Tenemos entendido que el 8 de abril, la Policía Profesional de Migración comenzó a distribuir notificaciones del gobierno federal de los EE.UU. a las personas que se encontraban en el CATEM. ¿Las autoridades estadounidenses entregaron a las autoridades costarricenses estos documentos, relacionados a la deportación de los EE.UU. de los ciudadanos de terceros países, al mismo tiempo que llegaron a Costa Rica en febrero? En caso contrario, ¿cuándo los recibieron las autoridades costarricenses?”.

En consideración de lo anterior, sobre una supuesta notificación por parte de la Policía Profesional de Migración y Extranjería de documentos del gobierno de los Estados Unidos de América el 8 de abril de 2025, se indica que, lo realizado por la Policía Profesional de Migración fue devolver los pasaportes y/ o documentos de viaje, como el historial médico que se tenía de las personas migrantes deportadas de los Estados Unidos de América con la emisión de la resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM del quince de abril del dos mil veinticinco, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 21 de abril de 2025. Lo anterior, respecto a las personas migrantes que se encuentran bajo la categoría especial humanitaria, puesto que, esos documentos se han entregado cuando se encuentra en trámite el programa de “Retorno Voluntario Asistido” o se ha solicitado la condición de refugio. El compromiso de la Dirección General de recibir a las personas migrantes, evidentemente tenía que excluir su permanencia irregular en el país, debiendo de resguardar sus pasaportes y/o documentos de viaje, de acuerdo con las atribuciones que la misma Ley le ha otorgado a la Institución.[94]

Separación familiar a través de la expulsión

La CBP separó al menos a dos familias durante las expulsiones a Costa Rica. En un caso, Hadi N., un hombre de 35 años de Irán, fue deportado a Costa Rica mientras su esposa permanecía detenida por migración en Estados Unidos. Él nos contó:

Al principio pensé que la separación era un proceso normal. Dije a mi mismo: ‘Okay, no hay problema’. Los hombres están en un sitio, las mujeres en otro. Pero cuando la policía de migración me dijo que me enviaban a Costa Rica, cuando pregunté dónde está mi esposa, primero me dijeron: “No lo sé”. Seguí preguntándoles: “¿Dónde está mi esposa?”. Me llevaron a una habitación y me hicieron abrirme los brazos y las piernas, revisándome todo el cuerpo. Estaba alterado. Finalmente, la policía me dijo: “Su esposa también va allí”. Dijeron que mi esposa estaría aquí conmigo en Costa Rica. Eso no era cierto. Ella no estaba en Costa Rica cuando llegué. Sigue detenida por migración en Estados Unidos.[95]

En otro caso, las autoridades estadounidenses separaron a una familia extensa de Afganistán, enviando a una mujer a Panamá, manteniendo a su marido en Estados Unidos, y enviando a la hermana de la mujer, a su cuñado y a su sobrino de 14 meses a Costa Rica. Y en un tercer caso, la CBP expulsó a una niña de Irán de 10 años y a su padre a Costa Rica, pero mantuvo a la madrastra de la niña detenida en Estados Unidos.

Cinco mujeres nos dijeron que viajaron a Estados Unidos con sus hijos para reunirse con sus maridos, cada uno de los cuales tiene un caso de asilo pendiente en Estados Unidos. Cada una de las mujeres nos dijo que le había explicado a la CBP que sus maridos ya estaban en Estados Unidos solicitando asilo, pero que de todas formas fueron enviadas rápidamente con sus hijos a Costa Rica. Todas fueron expulsadas sin sus maridos, que permanecieron en Estados Unidos.[96]
 

Detención arbitraria en Costa Rica

Las personas en cada uno de los dos vuelos de expulsión llegaron a Costa Rica ante una multitud de periodistas. Eduard G., un hombre de 26 años de Rusia, dijo: “Había una enorme multitud de periodistas esperando ese vuelo, filmando y tomando fotos a todo el mundo sin permiso, incluidos los niños. Escondí a mi hijo en mis brazos y le puse una mascarilla médica que llevaba conmigo. Más tarde, mi tía en Rusia me envió una foto mía que había visto. Me reconoció”.[97]

Las autoridades costarricenses trasladaron a todos en autobús al Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM), un viaje de siete a ocho horas desde el aeropuerto. “Trajeron autobuses al aeropuerto y nos llevaron directamente del avión al autobús y luego viajamos ocho horas en autobús”, dijo Baseem P., de Afganistán, a Human Rights Watch.[98]

La mayoría de las personas entrevistadas por Human Rights Watch describieron el viaje en autobús como mucho más cómodo que los vuelos y afirmaron que el trato que recibieron de las autoridades costarricenses a su llegada al país fue mucho mejor que el que habían recibido a manos de las autoridades estadounidenses. Aun así, Angie Cruickshank, la defensora del pueblo costarricense, dijo: “Pensamos que iban a poder bajar del avión, trasladarse a un lugar a comer, estirarse, ir al baño, pero fueron trasladados inmediatamente a los buses”. Muchos pidieron poder contactar a sus familiares, pero los funcionarios no les dieron tiempo ni medios para hacerlo antes de enviarlos al centro, añadió.[99]

La mayoría de las personas agradecieron los esfuerzos del personal del centro para proporcionar alojamiento y comida. Pero dijeron que el centro estaba claramente pensado para estancias de pocos días.

A los detenidos en el centro se les permitió desde el momento de su llegada utilizar sus teléfonos, pero no tenían acceso a internet en el centro y tuvieron que comprar datos para contactarse con el mundo exterior, un gasto que algunos nos dijeron que no podían permitirse.

Privado de libertad durante dos meses

Las instalaciones del centro de migrantes, una antigua fábrica de lápices,[100] fueron donadas al gobierno costarricense por su propietario, una filial de Faber-Castell, con la condición expresa de que se utilizaran como refugio para personas en situación de necesidad y no como lugar de detención.[101]

Pero según lo dispuesto en la resolución que autorizó su entrada a Costa Rica, los ciudadanos de terceros países expulsados de Estados Unidos debían “permanecer . . . en un centro de acogida temporal para migrantes”.[102] En la práctica, no eran libres para irse del centro salvo por breves periodos, con fines específicos y con escolta policial:

• “No se nos permite salir del refugio. La policía sigue reteniendo nuestros pasaportes y no nos los da”, dijo Khadeeja P. a Human Rights Watch a mediados de marzo.[103]

• “No puedo salir” del centro, nos dijo a principios de abril Marwan K., de Yemen, de 19 años.[104]

Permanecieron privados de libertad hasta la semana del 21 de abril, cuando las autoridades costarricenses concedieron a todos los ciudadanos de terceros países restantes un estatus humanitario especial y confirmaron que podían circular libremente dentro del país.

Las autoridades costarricenses rechazaron “categóricamente”[105] que los ciudadanos de terceros países enviados a Costa Rica en febrero estuvieran detenidos, sugiriendo en su lugar que su libertad de movimiento fue limitada para su propia protección.[106] En abril, Omer Badilla, viceministro de Gobernación y Policía y director general de migración y extranjería de Costa Rica, declaró al New York Times que las personas detenidas podían salir del centro para visitar las tiendas locales, pero solo con escolta policial.[107] No obstante, el ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Mario Zamora, declaró a los periodistas que una de las condiciones de sus visados era que no podían salir del centro. Declaró:

Nos comprometimos a recibirlos en Costa Rica para garantizar su retorno seguro a su país de origen. Por eso no queremos que caigan en manos de mafias o traficantes de personas que puedan extorsionar a este tipo de gente que nos está visitando, máximo que son niños que tienen el máximo nivel de protección hacia ellos . . . .[108]

En respuesta a una carta conjunta de organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, Zamora y Badilla escribieron:

De modo alguno estamos frente a una privación de libertad...... Las personas migrantes que fueron recibidas en Costa Rica debido a su deportación de los Estados Unidos de América y han contado con una excepción de parte de la Dirección General de Migración y Extranjería, misma que les otorgó una condición especial que los regularizó en un plazo determinado de tiempo debido a su tránsito por Costa Rica. Por lo antes expuesto, es menester señalar que, no se encuentran en calidad de aprehendidas o detenidas, ya que para ello es necesario que cuenten con una condición migratoria irregular y mediar una resolución administrativa donde se justifique una privación de libertad, sin que sea este el caso.

. . . .

En virtud de dar protección a las personas migrantes que fueron deportadas de los Estados Unidos de América, se consideró pertinente por parte de esta Dirección General autorizar su ingreso al territorio nacional en condiciones de tránsito, con el debido control por parte de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, acorde con el derecho positivo nacional e internacional relevante en materia de derechos y asistencia humanitaria.[109]

Repitieron estos puntos en otra carta enviada a Human Rights Watch el 15 de mayo.[110]

De hecho, los relatos coherentes que escuchamos de las personas en el centro, las declaraciones oficiales y los documentos gubernamentales establecen de forma concluyente que los nacionales de terceros países estuvieron privados de su libertad hasta el 23 de abril:

• Hasta el 23 de abril, no eran libres de irse del centro por su cuenta.[111]

• Sus pasaportes fueron retenidos por las autoridades hasta esa semana.[112]

• No se permitían visitas: un hombre que intentó ver a sus familiares detenidos en marzo fue escoltado fuera del centro esposado por los guardias, según contaron él, sus familiares y otras personas en el centro a Human Rights Watch.[113]

• Un documento de la agencia de migración visto por Human Rights Watch señala seis “salidas sin autorización”, presumiblemente en referencia a seis personas que fueron reportadas en los medios como escapadas del centro.[114]

• Mario Zamora, ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, declaró públicamente que los ciudadanos de terceros países no eran libres de irse del centro.[115]

• En una entrevista con La Nación para un reportaje publicado el 1 de abril, Badilla declaró que las personas que solicitaban asilo podían salir del centro durante el día y regresar por la noche. “Yo los atendí personalmente, les dije: ‘¿Quieren refugio? Pueden salir’, pero ellos dijeron: ‘No nos interesa, queremos estar aquí’”.[116] Badilla no especificó si los que no solicitaron asilo también eran libres de irse del centro.

• Preguntado por las seis personas que escaparon del centro para otra noticia publicada también el 1 de abril, Badilla dijo que a los ciudadanos de terceros países “no están aquí retenidos por la fuerza”, pero dijo a La Nación que si se encontraba a los seis, la policía los traería de vuelta al centro.[117]

• El 23 de abril, al anunciar un nuevo estatus humanitario especial para los 85 nacionales de terceros países que permanecían en el centro, Badilla dijo: “Eso significa que estas personas tienen libertad de movimiento en el territorio nacional”.[118]

A los periodistas y a otros pocos grupos de derechos humanos se les permitió entrar al centro durante los dos meses que los ciudadanos de terceros países estuvieron privados de libertad, pero la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica controló estrictamente sus visitas. Una visita realizada en abril por tres grupos de derechos humanos se limitó a dos horas.[119] A Human Rights Watch se le concedió un acceso mucho más amplio el 28 de abril, pero solo semanas después de que solicitamos acceso por primera vez y cinco días después de que se dijera a las personas detenidas en el centro que tenían libertad de movimiento.

Un periodista que visitó el centro a principios de abril, como parte de un pequeño grupo de reporteros a los que se permitió la entrada durante una hora, escribió:

Aunque la administración de Rodrigo Chaves Robles asegura que aquello no es una cárcel, los entrevistados sostienen que así se sienten allí, vigilados todo el día por policías, rodeados por una malla perimetral y sin pasaportes, pues el único documento que dice quiénes son y que los liga a algún país en Asia o África, está decomisado desde que aterrizaron en Costa Rica, desde el 20 de febrero.[120]

Un editorial en La Nación evaluó la situación en términos similares: “No pueden trabajar, no pueden salir, son vigilados día y noche y no pueden hablar libremente con la prensa, como lo verificaron La Nación, AFP y Telemundo”.[121]

Ninguno de los nacionales de terceros países ha sido acusado de un delito y Badilla dijo a los periodistas que ninguno tenía alertas de seguridad.[122] Todos los ciudadanos de terceros países detenidos en el centro tenían un estatus migratorio válido en el momento de su llegada y siguen teniéndolo.

• Días antes de las expulsiones en febrero de Estados Unidos a Costa Rica, la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica autorizó el “ingreso excepcional” y la “permanencia transitoria” por un periodo inicial de 30 días[123] de los 200 nacionales de terceros países “con el único fin de continuar su viaje hacia sus países de origen u otros”.[124]

• El 12 de marzo, la Dirección de Migración prorrogó estos permisos por 30 días más.[125]

• El 15 de abril, la Dirección General de Migración y Extranjería autorizó la expedición de permisos temporales de migración por razones humanitarias a todos los ciudadanos de terceros países que permanecían en el centro.[126] Las autoridades de migración comenzaron a expedir estos permisos el 23 de abril.

Las autoridades costarricenses no han sugerido que exista ninguna otra base para privarles de libertad; de hecho, como Zamora y Badilla escribieron en respuesta a seis organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, la custodia o detención “[requeriría] que cuenten con una condición migratoria irregular y mediar una resolución administrativa donde se justifique una privación de libertad, sin que sea este el caso”.[127]

Por consiguiente, entre su llegada a Costa Rica el 20 o 25 de febrero y el 23 de abril, día en que las autoridades costarricenses expidieron a las personas documentos que confirmaban su nuevo estatus y comenzaron a devolver los pasaportes a quienes deseaban llevárselos, estuvieron privados de libertad. Esta privación de libertad fue presuntamente ilícita y como mínimo, arbitraria.[128]

Condiciones inadecuadas para los niños

Las condiciones aquí son extremadamente difíciles para nosotros, especialmente con un niño pequeño. No tenemos acceso a una alimentación adecuada para nuestro bebé, e incluso para nosotros mismos, no hay acceso a comidas adecuadas y nutritivas. Mi esposa, que está amamantando, necesita urgentemente alimentos nutritivos, pero no hay recursos disponibles para satisfacer esta necesidad. Tampoco tenemos acceso a aire acondicionado ni a sistemas de refrigeración y, debido al calor intenso, hemos sido testigos de cómo algunas mujeres se desmayaban.

—Baseem P., un hombre de 30 años de Afganistán, 30 de abril de 2025

La humedad es alta en la zona donde se encuentra el centro—superior al 80 % durante los días que Human Rights Watch lo visitó—y los padres dijeron que durante el primer mes en particular, los niños estaban a menudo apáticos y no comían lo suficiente. “Hace mucho calor, los niños no tienen apetito y no tenemos acceso a nada para refrescarlos”, Khadeeja P., una mujer de Afganistán de 30 años, dijo a Human Rights Watch. El calor y la humedad también dificultaban el sueño de su hijo de 14 meses, ella dijo: “Hay muchos mosquitos y no puede dormir. Los niños necesitan una mosquitera a la que no tenemos acceso”.[129]

Algunos de los padres entrevistados también dijeron a Human Rights Watch que, debido al calor y a la alta humedad, sus hijos desarrollaron erupciones cutáneas persistentes. Al menos tres de los niños que vimos en el centro seguían teniendo grandes erupciones bajo los brazos y en el pecho.

El centro no proporciona educación ni otras actividades estructuradas para niños y ofrece pocas oportunidades recreativas. “Hace más de dos meses que los niños no van a la escuela [en el centro]”, dijo Tanya P., de Rusia.[130] A la pregunta de qué actividades había disponibles para los niños, Daniil N., también de Rusia, respondió: “Empezaron a poner dibujos animados en el proyector para los niños”.[131] Estos dibujos animados solo se proyectan los días laborables, dijeron otros padres a Human Rights Watch.[132]

Tres legisladores de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que visitaron el centro escucharon de los padres que “muchos niños están atravesando una situación emocional y psicológica difícil, producto de los acontecimientos que han tenido que enfrentar”.[133]

La educación es un derecho de todos los niños de Costa Rica, independientemente de su estatus migratorio,[134] y según la legislación costarricense, la educación preescolar, primaria y secundaria son obligatorias.[135]

En respuesta a nuestra pregunta sobre la falta de acceso a la educación de los niños en el centro, las autoridades costarricenses escribieron lo siguiente:

En relación con los puntos consultados, se señala que en la actualidad hay 25 personas menores de edad en el CATEM-SUR, de los cuales 21 se encontrarían en edad escolar y colegial de acuerdo a la normativa costarricense. En consideración a ello, se están realizando las coordinaciones pertinentes con el Ministerio de Educación Pública, con el fin de realizar la valoración de la inserción de esta población al sistema educativo nacional, o bien, la presentación de una propuesta de educación para estas personas menores de edad, que no depende exclusivamente de esta Dirección General y bajo el entendido también de que los padres de dichas personas, por voluntad propia no han tomado la decisión de optar por la solicitud de refugio y que esto les permita tener mayor arraigo en nuestro país, pues su deseo es no permanecer en territorio nacional.

A la fecha, ninguna de las personas menores de edad ha sido matriculada en centros educativos del país, lo anterior, se debe en primera instancia a que los plazos establecidos por el Ministerio de Educación Pública para el proceso de matrícula ordinaria y extraordinaria ya habían concluido al momento del ingreso de los niños, niñas y adolescentes al territorio nacional. Cabe señalar que, el calendario escolar costarricense establece períodos definidos para estos trámites, los cuales, se ejecutan con anterioridad al inicio del curso lectivo y obedecen a una planificación nacional en términos de cobertura, infraestructura y recursos humanos. Pese a esto, como se mencionó, nos encontramos en coordinaciones con el ente rector en la materia.

Es importante indicar que, el CATEM-SUR cuenta con espacios para el uso y disfrute de personas menores de edad, los cuales están equipados con el apoyo de UNICEF (Espacios Seguros), en los mismos, se imparten actividades lúdicas y de capacitación para los menores. Asimismo, durante las diferentes entrevistas efectuadas a los grupos familiares de migrantes donde se encuentran personas menores de edad, han manifestado no querer establecerse de manera permanente en Costa Rica, por lo que resulta difícil ofrecer una opción educativa que se ajuste a sus necesidades. Esto no puede perderse de vista, puesto que las personas que se mantienen actualmente en CATEM-SUR bajo la condición de la categoría especial humanitaria no han querido integrarse a nuestro país por medio de la solicitud de la condición de refugio, recordándose que, la categoría especial humanitaria se otorgó por el plazo de tres meses, aunque puede prorrogarse por otro plazo igual.

Las personas migrantes que ya han solicitado la categoría de refugio, pueden optar por la matrícula en los centros educativos nacionales.[136]

Situación incierta

Durante casi dos meses, el presidente Chaves y otros altos funcionarios afirmaron en repetidas ocasiones que todos o casi todos los ciudadanos de terceros países expulsados a Costa Rica regresarían a sus países de origen en poco tiempo. Al anunciar el acuerdo con Estados Unidos, el presidente Chaves dijo: “Doscientos [migrantes] vienen, los tratamos bien y se van”.[137] En otra ocasión, estimó que las personas trasladadas en el marco del acuerdo permanecerían en Costa Rica como mucho “tres o cuatro semanas”.[138]

En línea con estos comentarios, el “ingreso excepcional” y la “permanencia transitoria”[139] autorizadas para los 200 nacionales de terceros países eran “con el único fin de continuar su viaje hacia sus países de origen u otros”.[140]

Este estatus temporal generó ansiedad, según afirmaron constantemente las personas entrevistadas por Human Rights Watch. Por ejemplo:

• “Ahora estamos en un limbo legal, sin poder regresar ni seguir adelante”, dijo Sasha M., de Rusia, a Human Rights Watch a principios de marzo.[141]
• “No sé qué nos depara Costa Rica a los refugiados. ¿Cuál será el destino de los que se queden aquí?”, se preguntaba Leila M., una mujer de Irán de 23 años, a principios de marzo.[142]
• “Estamos realmente preocupados por nuestro futuro y por nuestro pequeño”, dijo Baseem P., de Afganistán, a mediados de marzo.[143]
• “Todos los días voy a la policía de migración [del centro], pero no me dan ninguna noticia”, nos dijo Marwan K., un joven de 19 años de Yemen, a principios de abril.[144] En el momento de la visita de Human Rights Watch, a finales de mes, se había ido del centro y esperaba salir de Costa Rica.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Costa Rica escuchó comentarios similares cuando visitó el centro en marzo,[145] y tres legisladores que visitaron el centro en abril dijeron que las personas detenidas describían “episodios constantes de ansiedad, estrés e incertidumbre”.[146]

Las autoridades costarricenses hicieron poco en los dos primeros meses para disipar esta sensación de inseguridad.

El 20 de febrero, cuando periodistas preguntaron a Omer Badilla, viceministro de Gobernación y Policía, si los ciudadanos de terceros países expulsados de Estados Unidos podían solicitar asilo en Costa Rica, él dijo al medio de comunicación CR Hoy: “Es una posibilidad que existe”.[147] Pero solo una de las personas entrevistadas por Human Rights Watch se enteró de esta opción durante sus primeras semanas en el centro.

Esa persona contó a Human Rights Watch que un funcionario de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un organismo de las Naciones Unidas que facilita el retorno a los países de origen, le dijo que debía hablar con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para presentar una solicitud de asilo. El personal de la OIM no le dijo cómo ponerse en contacto con el ACNUR ni le ofreció a ponerla en contacto con esa agencia, añadió.[148] Incluso si la OIM le hubiera proporcionado una forma de ponerse en contacto con el ACNUR, la información que le dieron no era exacta: el gobierno costarricense, y no el ACNUR, recibe y evalúa las solicitudes de asilo en Costa Rica.[149]

Los funcionarios costarricenses no dijeron explícitamente a las personas detenidas en el centro que podían solicitar asilo en el país hasta finales de marzo. En ese momento, informaron a las personas de que tenían cuatro opciones: como antes, regresar a sus países de origen o viajar a otro país y, además, asilo o el estatus humanitario especial en Costa Rica. Según los testimonios que recibimos, en ese momento no explicaron en qué consistía el estatus humanitario especial. Las autoridades costarricenses disputaron estos testimonios, escribiendo lo siguiente:

[L]o correcto es que sí se les ha informado y las resoluciones al respecto fueron notificadas con la colaboración de intérpretes, explicándoseles los alcances de esa resolución que les otorgó a las personas migrantes una protección especial a partir de esta condición humanitaria.[150]

Badilla se reunió con las personas detenidas en el centro y les dijo que Costa Rica les acogería y les ayudaría a integrarse si solicitaban y recibían asilo en el país. Según entendieron, la opción de solicitar asilo incluía una oferta de apoyo: alojamiento, ayuda para encontrar trabajo y clases de idiomas. Tras la aparición de Badilla en el centro, unas 16 personas solicitaron asilo y otras consideraron seriamente la posibilidad de hacerlo, según dijeron a Human Rights Watch.

Pero cuando preguntaron a la Policía Profesional de Migración en el centro sobre el apoyo para los solicitantes de asilo, recibieron la respuesta de que no había ninguno. Como resultado, algunos de las personas entrevistadas por Human Rights Watch expresaron sus dudas de que Costa Rica fuera una opción realista para ellos. Por ejemplo:

• Daniil N. y su esposa, Sasha, fueron de los que se plantearon seriamente solicitar asilo después de que Badilla hablara con ellos y les prometiera apoyo, pero luego se sintieron muy desanimados al escuchar de los funcionarios de migración que las iniciativas que Badilla describió no estarían disponibles para ellos. “No podemos encontrar trabajo si no hablamos español. Aunque habláramos español, no sabemos lo suficiente sobre la vida en el país. Sin trabajo, no podemos permitirnos un lugar donde vivir”, dijo Daniil N.[151]

• “Nos dijeron que nos darían un permiso de 3 meses y que podríamos solicitar asilo en Costa Rica. No tengo ninguna relación con Costa Rica. No hablo español. Escuchamos que algunos de los chinos [que fueron expulsados de Estados Unidos] optaron por quedarse en Costa Rica, pero solo obtuvieron autorización de trabajo y ninguna otra ayuda”.[152]

Cuando se les preguntó sobre la supuesta contradicción entre las declaraciones de Badilla y las de la policía migratoria, las autoridades costarricenses no abordaron directamente este asunto, afirmando:

[D]esde el ingreso de las personas migrantes deportadas de los Estados Unidos de América a Costa Rica, han contado con información detallada y confiable sobre su condición migratoria en nuestro país. Durante este proceso, a las personas migrantes se les ha ofrecido cuatro alternativas:

a) regresar a su país de origen;

b) regresar a un tercer país;

c) solicitar la categoría de refugio en Costa Rica;

d) acogerse a una categoría especial humanitaria en nuestro país.[153]

Repitiendo esta afirmación más adelante en su respuesta, añadieron que esta información se había facilitado a los ciudadanos de terceros países “desde su ingreso” al centro.[154]

Estas discusiones, y cualquier otra comunicación de los funcionarios costarricenses y de otros países, se vieron obstaculizadas por la falta de intérpretes, una carencia que las personas destacaron a Human Rights Watch.[155] Del mismo modo, un informe de tres miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa observó que la falta de información clara en los idiomas de las personas era una de las principales preocupaciones de quienes se encontraban en el centro. Cuando los legisladores hablaron con las personas detenidas en el centro a finales de marzo, “indicaron que, hasta el momento, no se les ha brindado información clara y precisa sobre los procedimientos para solicitar refugio en Costa Rica”.[156]

Las autoridades costarricenses refutaron lo testimonios de traducción inadecuada que recibimos.[157]

El 21 de abril, las personas en el centro se enteraron de que el gobierno costarricense les había concedido un nuevo estatus: se les expedirían permisos que autorizarían su estancia temporal durante 90 días, prorrogables una vez por otros 90 días. Al final de este período, tendrían que irse del país o regularizar su estancia (por ejemplo, solicitando asilo).

El permiso cuesta $US55 en tasas por persona, lo que significa que una familia de tres personas tendría que pagar un total de $US165 por los documentos. Este permiso no permite a las personas trabajar.[158] La oficina de la defensora del pueblo criticó las tasas y las restricciones al trabajo.[159] El Ministerio de Finanzas, que tramita estas tasas, puede exonerarlas por razones humanitarias.[160]

Los ciudadanos de terceros países pueden seguir permaneciendo en el centro durante esos 90 días y seguirán recibiendo comidas y servicios sanitarios básicos, siempre que cumplan las normas del centro. Daniil N., el hombre de Rusia, dijo que él y los demás eran libres de irse del centro desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m.[161]

Badilla describió el estatus temporal como una forma de evitar la presión para que regresen a sus países de origen. “Por eso es que hemos querido otorgar esta condición humanitaria para que ellos tengan mayor tranquilidad, que tengan libertad de movimiento en Costa Rica, mientras encontramos una solución a la situación que presentan”, dijo Badilla.[162]

Al 7 de mayo, 30 personas habían solicitado asilo en Costa Rica, según informó la Dirección General de Migración a Human Rights Watch.[163]

Aumentar, y luego desvanecer, las esperanzas de reasentamiento

Desde el principio, las opciones ofrecidas a los ciudadanos de terceros países incluían el viaje a un tercer país. En las reuniones mantenidas con los funcionarios de migración costarricenses en febrero y marzo, muchas personas mencionaron Canadá y Australia como preferencias. Si las autoridades costarricenses pretendían que su referencia a terceros países se limitara a países para los que las personas ya tenían visados o a los que podían entrar sin visado, no transmitieron claramente esa limitación a través de las aplicaciones de traducción que utilizaron para comunicarse con cualquier persona que no hablara español o inglés. La Dirección General de Migración y Extranjería disputó esta conclusión:

Siempre se ha informado de manera expresa que, esa decisión no depende en lo absoluto del Gobierno de Costa Rica, sin que se posibilite una expectativa falsa para estas personas migrantes. Aunque se haya mencionado como opción el retornar a un tercer país, siempre se brinda la información completa, verás y transparente, señalándose que será una decisión de ese posible tercer país.[164]

Cinco o seis semanas después de su llegada a Costa Rica, algunas personas dijeron a Human Rights Watch que dudaban de que las referencias del Gobierno costarricense a terceros países fueran realistas o sinceras. “Nos ofrecen un tercer país, pero parece que no es cierto”, dijo Tanya P. a Human Rights Watch a mediados de abril. Añadió: “Ahora [dicen que] han enviado una solicitud a Canadá. Pero no estamos seguros de que hayan enviado esta solicitud. . . .[165]

A finales de abril, el gobierno costarricense dijo que había pedido a Canadá que aceptara a algunos o a todas las personas que permanecían en el centro. Badilla dijo a La Nación que Canadá era el único país en el que las personas detenidas en el centro habían expresado interés.[166]

Pero al mismo tiempo, los funcionarios de migración les decían en privado a las personas que Canadá no era una opción real:

• “El gobierno de Costa Rica nos preguntó si podíamos ir a Canadá. Entre 35 y 4o personas dijeron que sí. Luego nos dijeron que Canadá nos rechazó. Pero nunca vimos un papel que dijera eso, así que seguimos esperando una decisión de Canadá”, dijo Timur M., un hombre de 37 años procedente de Turquía. Y añadió: “Después nos dijeron que podíamos ir a un tercer país si había alguno al que pudiéramos viajar sin visado”.[167]

• “Hace unas tres semanas, en la oficina de los agentes de migración, nos dijeron que el gobierno costarricense negociaría enviarnos a terceros países, como Canadá, por ejemplo. Que lo haría el propio ministro. No especificaron cuál ministro. Pero este lunes [21 de abril] nos dijeron que solo podríamos ir a terceros países si teníamos un visado o pasaporte, y que mejor nos olvidáramos por completo de esas opciones. Cuando preguntamos cuál era el resultado de las negociaciones, los funcionarios dijeron que no habían recibido una respuesta y que lo tomaban como una respuesta negativa”, dijo Daniil N.[168]

• Leyla H., una mujer de 30 años procedente de Turquía, fue una de las personas que en febrero dijo a los funcionarios costarricenses que ella y sus dos hijos, de 5 y 8 años, querían ir a Canadá. “Pero hace una semana nos dijeron que lo habían consultado con Canadá, pero que Canadá no había dicho nada sobre darnos asilo”, declaró a Human Rights Watch a finales de abril.[169]

El Gobierno costarricense también ha pedido a España que acepte a algunos nacionales de terceros países expulsados de Estados Unidos, informó la Dirección General de Migración a Human Rights Watch.[170] Al 15 de mayo, ninguno había sido reubicado en un tercer país.[171]

Presiones directas e indirectas para volver al riesgo de daño

Durante la mayor parte del primer mes después de la llegada de las personas a Costa Rica, los agentes de migración les dijeron que sus únicas opciones eran regresar a sus países de origen o, de lo contrario, abandonar Costa Rica. No fueron libres de irse del centro, salvo por breves periodos bajo escolta policial, hasta la semana del 21 de abril. Incluso después de que el gobierno costarricense confirmara a finales de marzo que podían solicitar asilo en Costa Rica y les ofreciera permisos humanitarios a finales de abril, han permanecido en una profunda incertidumbre sobre si podrán reconstruir sus vidas en un lugar seguro y planificar su futuro, ya sea en Costa Rica o en otro país.

Hasta el 7 de mayo, 97 nacionales de terceros países expulsados de Estados Unidos a Costa Rica habían regresado a sus países de origen—Armenia, Azerbaiyán, China, Georgia, Ghana, Jordania, India, Irán, Nepal, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam—según informó la Dirección General de Migración y Extranjería a Human Rights Watch.[172] Estas decisiones se produjeron tras su detención en Estados Unidos, expulsión sumaria, semanas de detención en Costa Rica y declaraciones cambiantes de las autoridades costarricenses sobre cuáles eran sus opciones, circunstancias que ponen en duda que sus elecciones fueran realmente voluntarias.

Por ejemplo:

• Dos familias, una con un bebé de 15 meses y otra con uno de 18 meses, decidieron regresar a Rusia en febrero porque no podían afrontar la perspectiva de la detención en Costa Rica, según dijeron a otros en el centro.[173]

• Eduard G. dijo a Human Rights Watch que su esposa y su hijo, al que ayudó a criar desde muy pequeño, regresaron a Rusia a finales de abril porque su esposa ya no podía soportar la incertidumbre, las dificultades a las que se habían enfrentado en Estados Unidos y Costa Rica, y el hecho de que el niño no haya tenido acceso a educación durante meses. Añadió que el regreso a Rusia no era posible para él debido a la persecución a la que, según dijo, se enfrentaría allí.[174]

• Nadia P. nos contó que regresó a Rusia a finales de abril por las mismas razones.[175]

El 24 de abril , 85 personas, entre ellas 31 niños, permanecían en el centro, según la Dirección de Migración. La mayoría de los que se quedaron procedían de Rusia, Armenia, Turquía y Uzbekistán.[176]

La Dirección General de Migración y Extranjería disputó que las devoluciones fueran menos que voluntarias:

Todas las repatriaciones realizadas hasta el momento han sido efectuadas de forma completamente voluntaria, sin que medie ningún tipo de coerción. Costa Rica mantiene un profundo respeto por el principio de “no-devolución” o “non refoulement” y bajo ninguna circunstancia efectúa repatriaciones a países donde la integridad física o las vidas de los repatriados puedan correr algún riesgo.[177]

Otros acuerdos de traslado a terceros países

Panamá aceptó a 299 nacionales de terceros países procedentes de Estados Unidos entre el 12 y el 15 de febrero de 2025, expulsiones que fueron similares a las llevadas a cabo por Estados Unidos hacia Costa Rica: el gobierno estadounidense detuvo a las personas en duras condiciones, les negó el contacto con familiares y abogados, y les mintió o no les informo sobre lo que estaba ocurriendo, incluyendo cuando fueron esposados y encadenados y subidos a aviones con destino a Panamá.[178]

El 13 de marzo, Ruanda aceptó a un hombre de Irak. Un cable filtrado del Departamento de Estado estadounidense del 22 de abril señalaba: “Esta exitosa reubicación—y el posterior acuerdo de Ruanda para aceptar a otros nacionales de terceros países (TCN, por sus siglas en inglés)—demostró el concepto para desarrollar un nuevo programa de traslado para reubicar a los TCN de Estados Unidos a Ruanda”.[179] El cable añade: “Ruanda también acordó aceptar a otros diez TCN de diversas nacionalidades”.[180] A finales de abril, un funcionario de Ruanda confirmó que el país está “abierto a otros”, refiriéndose a la posibilidad de recibir a más nacionales de terceros países procedentes de Estados Unidos.[181]

Entre marzo y abril, El Salvador aceptó a 252 ciudadanos venezolanos que están detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel.[182] Las personas trasladadas a El Salvador incluyeron a 238 personas que fueron expulsadas en aparente desafío a una orden judicial federal estadounidense,[183] entre ellas 137 expulsadas bajo la supuesta autoridad de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.[184] Human Rights Watch ha constatado que los venezolanos enviados a El Salvador han sido sometidos a desapariciones forzadas y detención arbitraria.[185] El traslado de venezolanos al CECOT en El Salvador también viola el principio de no devolución según el derecho internacional, dadas las condiciones ampliamente documentadas en el sistema penitenciario de El Salvador.[186] El 1 de mayo, un juez de un tribunal federal de distrito dictaminó que las actividades de los grupos criminales, que la administración Trump había afirmado que equivalían a una “invasión”, no podían ser la base para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros.[187]

En mayo, la administración Trump estaba aparentemente a punto de llevar a cabo una expulsión masiva a Libia,[188] un acuerdo reportado por el Wall Street Journal a principios de abril,[189] pero un tribunal federal intervino para suspender los traslados, al menos temporalmente.[190] Según expedientes judiciales, los funcionarios avisaron verbalmente a los detenidos recluidos en un centro en Texas y, al menos en un caso, les dieron papeles para firmar notificándoles su expulsión pendiente a Libia.[191] Al parecer, más de una docena de personas procedentes de Filipinas, Vietnam, Laos y México fueron transportadas en autobús hasta el emplazamiento de un avión militar donde esperaron durante horas antes de que un juez bloqueara las deportaciones.[192] El Gobierno de Unidad Nacional de Libia (GUN), con base en Trípoli, y su ministerio de Asuntos Exteriores emitieron declaraciones negando las informaciones sobre un acuerdo con la administración Trump. Sus rivales, las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF), con base en el este, y su ministerio de Asuntos Exteriores afiliado también emitieron declaraciones en las que refutaban las afirmaciones de un acuerdo con Estados Unidos.[193] Human Rights Watch ha documentado ampliamente las condiciones inhumanas y los graves abusos en los centros de detención de migrantes y prisiones en Libia.[194]

Un expediente judicial también relata que las autoridades estadounidenses informaron verbalmente a un detenido de Laos de que sería trasladado de forma inminente a Arabia Saudí en un vuelo militar.[195] Human Rights Watch lleva años documentando el deplorable historial de Arabia Saudí en materia de derechos humanos,[196] incluidas las condiciones de detención que han sufrido los migrantes, como tortura, palizas, graves denuncias de muertes bajo custodia y hacinamiento extremo,[197] así como casos anteriores de tortura y malos tratos a detenidos saudíes.[198]

Los acuerdos bilaterales que sustentan estos traslados no son públicos. Según se informa, el acuerdo con El Salvador exige que el gobierno estadounidense pague a El Salvador US$20.000 por persona al año,[199] y las estimaciones del coste total ascienden a US$15 millones.[200] El cable del Departamento de Estado que describe el acuerdo con Ruanda dice que el gobierno estadounidense pagó al gobierno ruandés US$100.000 durante el primer año.[201]

Guatemala también ha acordado aceptar a ciudadanos de terceros países, pero no se tiene constancia de que lo haya hecho hasta principios de mayo.[202] En abril, el Wall Street Journal reportó que el gobierno estadounidense también estaba intentando llegar a acuerdos de traslado con otros países, como Benín, Eswatini, Moldavia, Mongolia y Kosovo.[203] A principios de mayo, CBS News informó que Estados Unidos también estaba comunicando con Angola y Guinea Ecuatorial sobre su disposición a acoger a nacionales de terceros países procedentes de Estados Unidos.[204]

Los casos anteriores de detención y procesamiento en el extranjero por parte de Estados Unidos y otros países han sido traumatizantes para las personas trasladadas y han estado marcados por abusos. Estados Unidos retuvo a un gran número de cubanos y haitianos en su base naval en Guantánamo, Cuba, en pésimas condiciones en las décadas de 1980 y 1990.[205] La descarga por parte de Australia de refugiados y solicitantes de asilo en Papúa Nueva Guinea y Nauru sumió a las personas en angustia y en una profunda desesperación. Los niños enviados a Nauru con sus familias mostraban signos especialmente alarmantes de trauma.[206]
 

Obligaciones de Costa Rica y Estados Unidos en materia de derechos humanos

Tanto Costa Rica como Estados Unidos se han comprometido por ley a garantizar el derecho a solicitar asilo. El derecho internacional y la legislación de cada país también prohíben la devolución, es decir, el envío de personas a países donde corran peligro de persecución, tortura u otros daños graves. Además, el derecho internacional prohíbe las expulsiones de un territorio sin considerar las particularidades de la situación de cada individuo y sin darle una oportunidad real de solicitar protección internacional.

Ambos países tienen una larga historia de proporcionar refugio a los refugiados, aunque cada uno de ellos también ha intentado restringir el acceso al asilo en los últimos años.

En Costa Rica, el gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles tomó medidas para restringir el acceso al asilo en 2022.[207] Los tribunales invalidaron algunas de estas medidas, y el gobierno retiró otras en 2024.[208]

Estados Unidos promulgó leyes en 1980, 1990 y 1998 para aplicar dos acuerdos internacionales,[209] el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención contra la Tortura, cada uno de los cuales prohíbe la devolución y establece otras protecciones.[210]

Pero todas las administraciones de los últimos 45 años han intentado también reducir el acceso al asilo.

Bajo las administraciones de los presidentes Ronald Reagan, George H.W. Bush y Bill Clinton, por ejemplo, Estados Unidos interceptó a haitianos y cubanos que intentaban llegar al país en barco, retuvo a muchos en la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba), detuvo a muchos cubanos indefinidamente y devolvió sumariamente a muchos haitianos.[211] La administración Reagan también detuvo de forma rutinaria a personas que huían de los disturbios civiles en El Salvador y Guatemala y denegó de forma sistemática casi todas las solicitudes de asilo de personas procedentes de estos países.[212]

Las administraciones de Reagan y George H.W. Bush y la del presidente Bill Clinton ampliaron cada vez más los delitos susceptibles de deportación, sobre todo en virtud de dos leyes importantes promulgadas por el presidente Clinton en 1996.[213] La legislación firmada por el presidente George W. Bush en 2005 restringió la elegibilidad para el asilo y añadió nuevos requisitos para proporcionar pruebas corroborantes para las solicitudes de asilo, lo que dio lugar a enfoques muy diferentes por parte de los jueces individuales de migración y los circuitos federales.[214]

La administración del presidente Barack Obama respondió al creciente número de niños migrantes no acompañados dando prioridad a su deportación y animando a México y a países centroamericanos a impedir que llegaran a Estados Unidos.[215] Las administraciones de George W. Bush y Obama también hicieron un amplio uso de la detención familiar, deteniendo a algunas familias durante meses.[216]

La primera administración del presidente Trump presentó numerosas restricciones al acceso al asilo, incluidas separaciones forzadas de familias en la frontera, el programa “Permanecer en México” y expulsiones sumarias con el pretexto de proteger la salud pública durante la pandemia del Covid-19.[217]

La administración del presidente Joe Biden intentó cerrar el acceso al asilo a las personas que entraron a Estados Unidos de forma irregular, a aquellas que no utilizaron la aplicación telefónica CBP One para inscribirse en una entrevista de asilo y a las que no solicitaron asilo en un país de tránsito.[218]

Incluso a la luz de este historial de prácticas restrictivas, las dos administraciones del presidente Donald Trump destacan por su arbitrario e insensible desprecio del debido proceso, el derecho a solicitar asilo, y la dignidad humana.[219]
 

Agradecimientos

Este informe fue investigado y redactado por Michael Garcia Bochenek, asesor jurídico principal de la División de Derechos del Niño; también fue investigado y editado por Bill Frelick, director de la División de Derechos de Refugiados y Migrantes, y Tanya Lokshina, directora asociada de la División de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. Bassam Khawaja, director adjunto de la División de Oriente Medio y África del Norte, contribuyó a la sección “Otros acuerdos de traslado a terceros países”.

El informe fue editado por Bede Sheppard, director adjunto de la División de Derechos del Niño; Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas; Joseph Saunders, subdirector de Programa; y Chris Albin-Lackey, asesor jurídico sénior. También fue revisado por Vicki B. Gaubeca, directora asociada para Inmigración y Política Fronteriza de Estados Unidos del Programa de Estados Unidos, y Skye Wheeler, investigadora sénior de la División de Derechos de la Mujer.

Joya Fadel, asociada sénior de la División de los Derechos del Niño; Travis Carr, oficial de publicaciones; Fitzroy Hepkins, gestor administrativo principal, y José Martínez, coordinador administrativo sénior, elaboraron el informe. Delphine Starr, oficial de edición de la División de las Américas, y Juan Pappier prestaron asistencia para la traducción al español.

Human Rights Watch agradece el acceso otorgado por el Ministerio de Gobernación para visitar el Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM) en el cantón Corredores, provincia de Puntarenas, y los esfuerzos realizados por el personal del centro para facilitar nuestra visita.

Por último, estamos especialmente agradecidos a las numerosas personas que estuvieron dispuestas a compartir con nosotros sus experiencias de expulsión sumaria de Estados Unidos a Costa Rica.