(Washington D. C.) – Las autoridades de El Salvador detuvieron a la reconocida abogada y defensora de derechos humanos Ruth Eleonora López, señaló hoy Human Rights Watch.
La policía detuvo a López el 18 de mayo a las 11 p.m. en su domicilio en San Salvador. La fiscalía la acusa de peculado. López se desempeña actualmente como directora de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una de las principales organizaciones de derechos humanos de El Salvador. En el momento del arresto, las autoridades no proporcionaron ningún detalle sobre las acusaciones específicas en su contra.
“Ruth López ha denunciado valientemente la corrupción y las violaciones de derechos humanos en El Salvador”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Su detención es parte de una represión cada vez mayor para silenciar a críticos del gobierno de Nayib Bukele”.
La detención de López se suma a una serie de acciones represivas impulsadas por el gobierno, que ha mostrado una creciente hostilidad hacia periodistas, líderes sindicales y defensores de derechos humanos. El gobierno de Bukele, con el respaldo de la Asamblea Legislativa, ha tachado a sus críticos de “defensores de las pandillas” y aprobado leyes que restringen la libertad de expresión. También ha revocado exenciones impositivas a algunas organizaciones no gubernamentales y detenido a algunos defensores de derechos humanos, entre ellos un abogado y un pastor evangélico que participaron en una protesta pacífica contra los desalojos. Ante el creciente hostigamiento, fiscales que revelaron casos de corrupción del gobierno de Bukele y sus negociaciones con las pandillas han debido exiliarse, al igual que varios periodistas.
En mayo de 2025, siete periodistas de El Faro, un prestigioso medio de investigación, abandonaron el país tras recibir información de que el gobierno había emitido órdenes de captura en su contra. Esta medida se produjo luego de la publicación de una investigación sobre negociaciones secretas entre el gobierno y las pandillas. Actos de intimidación y campañas de difamación posteriores obligaron a El Faro a trasladar sus operaciones financieras a Costa Rica en 2022.
Una investigación de 2022 realizada por Amnistía Internacional y Access Now documentó el uso masivo del software espía Pegasus, de la empresa NSO Group, contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en el país.
El gobierno de Bukele ha adoptado otras medidas para debilitar a la sociedad civil. El 13 de mayo, Bukele anunció que presentaría en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de “agentes extranjeros” que impondría un impuesto del 30 % a todas las donaciones recibidas por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes.
Human Rights Watch ha documentado que otros países, como Rusia y Nicaragua, han utilizado leyes de “agentes extranjeros” como herramienta para estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil y los medios de comunicación independientes. Estas leyes, que etiquetan como agentes de potencias extranjeras a las organizaciones que reciben financiamiento del exterior, imponen requisitos burocráticos onerosos, facilitan la injerencia estatal y pueden derivar en censura o cierre de organizaciones.
Los gobiernos deberían expresar urgentemente su preocupación por la detención de López y exigir a las autoridades salvadoreñas que garanticen acceso a su defensa legal, respeten su integridad física y cumplan plenamente las garantías del debido proceso conforme al derecho internacional, señaló Human Rights Watch. También deberían exhortar al gobierno a archivar el proyecto de ley de “agentes extranjeros”, que representa una amenaza al derecho a la libertad de asociación.
“La detención de López puede representar un punto de inflexión para la libertad de expresión y de asociación en El Salvador”, dijo Goebertus. “La comunidad internacional debería alzar la voz para frenar esta deriva autoritaria antes de que sea tarde”.
